FACULTADES

El Presidente fracasado: Roberto Arosemena Jaén

Ricardo Martinelli está facultado por el poder del Estado panameño para nombrar por sí solo a todos los ministros de Gobierno. También los puede destituir ipso facto. Fuera de esos nombramientos y destituciones, los restantes funcionarios se nombran y se remueven con arreglo a variadas combinaciones o disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Uno se pregunta, en esta cadena de nombramientos, ¿por qué se designó a un ingeniero industrial, con 38 años de trabajo en una institución tremendamente rígida y vertical –Comisión y Autoridad del Canal– para gestionar administrativamente el Canal de esclusas, en un entorno dinámico y fluctuante como el que atraviesa desde que “alguien” decidió gastarse 5 mil 200 millones para su ampliación? Excluyo, por principio, que en este nombramiento la decisión estuvo en las manos de Ricardo Martinelli, por la sencilla razón de que ni la Constitución ni la ley lo facultaban. Por desgracia la realidad puede ser otra. El sujeto Ricardo Martinelli excede las facultades de su cargo y las instituciones públicas, incluyendo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), padecen de sus ocurrentes iniciativas.

El problema lo empezó a entender Martinelli el pasado 18 de noviembre con la visita de cuatro políticos estadounidenses: Joe Biden y tres alcaldes. Si ellos se meten a opinar sobre el Canal de esclusas, ¿por qué no lo puede hacer el Presidente constitucional de la República de Panamá? Y empezó a opinar a los cuatro vientos. Dijo que si tenía que viajar a España e Italia para exigir que estos “tales” cumplan, lo haría. Además, que el administrador del Canal hiciera cumplir el Contrato tal como está, caiga quien caiga. Lo preocupante fue la reacción del ingeniero industrial, dedicado a la ampliación, profesionalmente, desde 2006 y gerencialmente, desde 2012. Hace menos de dos años que se empodera de las facultades que le da la Ley Orgánica de la ACP. ¿Sabe el Sr. Quijano que Martinelli no es su jefe y que Biden y sus alcaldes no lo pueden ni deben presionar?

Me han sorprendido las innumerables pruebas de apoyo incondicional al administrador de la ACP y el repudio generalizado al Grupo Unidos por el Canal. ¿Será que la retórica intempestiva de Martinelli ha obligado a cierto sector de la sociedad a tomar partido por el administrador, como si se tratase de un asunto de soberanía nacional y “pro mundi beneficio”? ¿Qué sucede con la sociedad panameña que no logra relativizar los asuntos de la empresa canalera frente a los asuntos de la administración de un Estado nacional? ¿Se teme que la injerencia del Presidente en los negocios de la ampliación ponga en peligro el funcionamiento ininterrumpido del Canal a futuro, y de allí el mazo de los tratados?

Estamos en pleno proceso de elegir a nuestros próximos gobernantes. ¿Puede un mimito de Martinelli revertir las ocurrencias de su mentor de meterse en cuanto nombramiento se haga en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, el Tribunal Electoral, la ACP, e incluso, en pervertir a los elegidos popularmente para que, una vez en la Asamblea, cambien de lealtades?

Se nos avecina una crisis institucional de imprevisibles consecuencias. ¿Cómo reaccionarán los grupos de presión de armadores, puertos y los mismos países usuarios del Canal con un presidente fracasado en su gestión de limitarse a nombrar y destituir ministros, y que asume posiciones que no le corresponden, tanto en los poderes públicos como en el negocio canalero de administrar un contrato?

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