RECLAMOS

Presión ciudadana en pos de justicia efectiva: Enrique Jaramillo Levi

Presión ciudadana en pos de justicia efectiva: Enrique Jaramillo Levi Presión ciudadana en pos de justicia efectiva: Enrique Jaramillo Levi
Presión ciudadana en pos de justicia efectiva: Enrique Jaramillo Levi

En este país, lamentablemente, la mayor parte del tiempo no hay más justicia efectiva que la que resulta por ostensible y a veces forzosa presión ciudadana. En todos los órdenes. Desde los tan molestos cierres de calle a causa de problemas domésticos, laborales o coyunturales, hasta pequeñas y, a la larga, masivas manifestaciones públicas de repudio nacional por una razón u otra.

Y es que la falta de seriedad y profesionalismo que vienen demostrando tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Asamblea Nacional, cada uno en su esfera endogámica de intereses, para resolver acusaciones muy serias de estafas de diverso orden al erario público cometidas en la administración pasada por conocidos políticos y no pocos empresarios coludidos con el poder, le resulta a la mayoría de los panameños algo de elemental percepción certera y disgusto.

Ya va siendo tiempo de ir más allá de los caprichos, a menudo inexplicables, del Ministerio Público en sus formas de proceder, y en cambio llegar a un estado múltiple y eficaz de expresividad ciudadana que abrume con sus reclamos insoslayables la lentitud de los procesos burocráticos particularmente leguleyos; esos que fueron hechos para protegerse entre sí los posibles culpables. Y para poner de manifiesto la justificada desconfianza de la gente.

Me refiero a la necesidad de hacer proliferar los artículos de opinión bien razonados y contundentes (tanto por especialistas en la materia como por simples ciudadanos sensibles a la manifiesta arbitrariedad en el escamoteo selecto de la justicia); las entrevistas en radio, prensa y televisión; los debates entre antagonistas políticos sobre temas importantes, como los que vienen realizándose en los dos principales canales de televisión; las manifestaciones bien organizadas por entidades confiables de la sociedad civil y por individuos de intachable reputación; nuevas acusaciones contundentes de parte de quienes, temerosos de verse involucrados, han retrasado hablar sin tapujos de lo que muy bien conocen de esos intríngulis urdidos tras bastidores por tenebrosos individuos del gobierno anterior.

El reciente ejemplo de Guatemala, independientemente de las diferencias que pueda haber entre ambos sistemas, debería de ser un ejemplo prístino a seguir en Panamá. Si un pueblo consciente y decidido manifestándose masivamente y de forma constante en las calles pudo arrojar del poder a un presidente (y antes a su vicepresidenta), exmilitar curtido en los mecanismos sistemáticos de la represión, ahora acusado de corrupto, no hay razón para pensar que eso no pueda suceder en nuestro país con magistrados y diputados, jueces y fiscales, si se hace evidente que manipulan a su conveniencia los resortes de la justicia protegiendo así a determinados individuos –incluido por supuesto un expresidente de la República–, quienes deben ser exhaustivamente investigados y, si las pruebas lo exigen, procesados sin contemplaciones.

El problema es el de siempre: o bien una falta generalizada de sensibilidad ciudadana (gente que tira basura por doquier o destruye el medioambiente de otras formas como si fuera lo más natural del mundo, ¿qué sensibilidad puede tener?), o bien el temor a un involucramiento que pueda revertirse contra los acusadores o juzgadores de los corruptos porque ellos mismos tienen cola larga o corta que les pisen. O simplemente temen, a resultas de su acción delatora, quedar enredados en una oscura trama sin fin, aunque no sean culpables de nada. También, una lamentable indiferencia anímica que impide que la gente se organice y ejerza la presión ciudadana, garantía que de una forma u otra le concede la Constitución cuando el país corre el riesgo de extraviar el rumbo por falta de democracia o de transparencia creíble.

Si ahora hay libertades públicas auténticas, es el momento de volver al tipo de acción que puso a la Cruzada Civilista en la noticia cuando Panamá estaba abrumada por la prepotencia de los militares que, eventualmente apoyados en la trastienda por cínicos políticos y empresarios, usurparon en 1968 el poder.

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