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PAGO DE UTILIDADES

Privilegios para unos en detrimento de otros: Eligio Salas

Se entienden como privilegios las ventajas, prerrogativas, franquicias, exenciones, dispensas, canonjías, inmunidades, favores, protecciones, libertades y monopolios, entre otros; que si fueran dispensados pensando en el bien común, justificarían su existencia. No obstante, cuando se entregan para favorecer y distorsionar el espíritu de la ley se convierten en herramientas que producen efectos contrarios a los fines que se quieren alcanzar.

Es el caso de las concesiones otorgadas en 1997 a Panamá Ports Co., filial de Hutchison Holdings Limited, que consistían en la operación de las terminales de contenedores de Balboa en el Pacífico, y Cristóbal en el Atlántico. Lo pactado hace 18 años, por parte de la compañía consistía en pagar por el usufructo de estas instalaciones, y devolver la cuota parte de las utilidades que le correspondía al Estado panameño (en este caso el 10%), teniendo siempre en cuenta las reservas necesarias para reinvertir en su futuro crecimiento. Cuál no habrá sido nuestra sorpresa cuando de la noche a la mañana, y de un plumazo en 2002 se anula lo establecido y se le otorgan condiciones especiales, que por lo ventajoso de estas rayaban en lo monopolístico, en detrimento del patrimonio estatal, aceptando el Estado que solo se pagase la tarifa establecida por el manejo de los contenedores y nada por la infraestructura que el Estado les otorgó por 22 millones de dólares anuales, que de un día para el otro dejaron de pagar.

Es solo hasta el año 2005 y después de una ardua negociación, que la administración de turno logra hacer que la compañía desembolse la suma de 102 millones de dólares, una bicoca comparada con la suma dejada de pagar a la fecha, que debió ser, sin contar los incrementos pactados, la multiplicación de 22 millones de dólares por los 13 años transcurridos, o sea la nada despreciable suma de 286 millones de dólares. Es decir, a pesar del nominal arreglo la lesión contra las arcas del Estado panameño se incrementó y a medida que pasan los años el monto sigue en aumento.

Mientras todo esto ocurre para beneficios de unos pocos, otros actores que quieren participar en el mercado portuario y logístico local nunca reciben el mismo trato ni las mismas condiciones. Los nuevos actores deben, además, invertir cuantiosas sumas en moderna infraestructura para competir, sin poder contrarrestar los privilegios que solo tiene Panamá Ports Co.

Pero allí no termina todo. Llama la atención que Panamá Ports Co., en posesión de aproximadamente el 60% del mercado la actividad portuaria no haya honrado los términos iniciales del contrato. Además, pasado el tiempo, los recursos generados tampoco se utilizaron para pagarle dividendos a su socio, es decir para repartir las correspondientes utilidades con el Estado panameño. Estamos al tanto de la provisión de reserva para inversión establecida en el contrato de concesión, como es de rigor en actividades portuarias de manejo de carga de contenedores, pero, extrañamente, después de 18 años de desarrollar la actividad portuaria de forma lucrativa en Panamá, la compañía distribuye 10 mil millones de dólares, en concepto de dividendos, entregando a su socio el Estado, la suma de un millón de dólares, que le corresponde como tenedor del 10% de las acciones de la compañía mixta.

De otras compañías en las que el Estado tiene participación, como Elektra Noreste, Edemet (Fenosa), Edechi (Fenosa) y Cable & Wireless, el Estado recibe utilidades mucho más cuantiosas. Panama Ports, Co. ha dicho en reiteradas ocasiones que no paga dividendos, ya que reinvierte las utilidades. No conocemos el detalle de dichas inversiones, porque la compañía no hace públicos sus estados financieros ni sabemos cuándo recibiremos lo que corresponda a nuestro 10% sobre lo que la empresa nos ha anunciado, ha sido una inversión de mil 350 millones de dólares.

Así, examinados los hechos, apenas disimuladamente se aprecia que los privilegios otorgados en beneficio de unos cuantos son siempre en detrimento de la mayoría. Mientras tanto, el Estado, ha sido lesionado en forma desmedida, y los contribuyentes esquilmados, como consecuencia del principio del “todo se vale, y todo se puede”.

En resumen, a diferencia de la buena práctica de que los privilegios se obtienen por merecimientos, lo que ha primado son las malas prácticas y la falta de transparencia, en la que generalmente triunfan los intereses oscuros en beneficio de unos pocos y en detrimento de muchos. Me duele por Panamá.

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