REFORMAS

Proceso constituyente, algunas propuestas: Jorge Hernán Rubio

Cuando tuve la oportunidad de enseñar ciencias políticas a los estudiantes de derecho, hace ya más de 15 años, discutíamos mucho sobre lo que es una constituyente y sus dos vértices: la absoluta u originaria, y la paralela.

Decía entonces que la diferencia entre una y otra surge en el momento en que entran en rigor los cambios aprobados por los constituyentes, porque, pese al marco regulatorio que tiene la constituyente paralela, es el soberano (la voluntad popular) el que determinará la aprobación de los cambios, vía la consulta obligatoria de estos.

Como pretendo aspirar a un escaño en la próxima asamblea constituyente, quiero compartir y consultar algunas ideas de los principales cambios que, a mi juicio, deben ser discutidos a efectos de incorporarlos al texto constitucional.

1. Extradición de nacionales. La actual carta magna prevé que ningún panameño puede ser extraditado a otro país donde vaya a ser juzgado, por atroz que sea el delito que se le impute o la condena que se le imponga.

Si bien es cierto, la norma constitucional establece que a ese nacional se le debe iniciar un proceso en Panamá por las mismas razones que se le inculpan en el exterior, no menos cierto es que dicha acción puede tener vicios de legalidad como el posible doble juzgamiento por una misma causa o el producir resultados contradictorios en sendas sentencias de dos países por el mismo hecho o delito.

Esta norma, que viene de los procesos constituyentes de la década de 1940, debe ser eliminada –como ya ha sucedido en constituciones modernas– y permitir que cualquier persona enfrente la justicia con las garantías legales del caso, sin que se cobije en mantos de impunidad por el simple hecho de ser un nacional.

2. Método de selección de magistrados, procuradores y jueces. La norma actual no contempla el método para la designación de jueces, solo el sistema marco de una carrera judicial inexistente y un marco referencial del poder del Ejecutivo para seleccionar a magistrados y procuradores. Debemos discutir con amplitud este aspecto, a efectos de que podamos tener una verdadera independencia.

Este tema, que amerita un grado especial de discusión, puede encontrar una vía de solución, si se crea a nivel constitucional un “consejo nacional de la judicatura”, en el que los cargos, todos, sean sometidos a concurso y oposición, y tengan carácter vitalicio o hasta que, mediante evaluaciones científicas, el titular no pueda seguir ejerciendo, por razones de salud, ineptitud o violaciones legales.

Es decir, profesionalizar la administración de justicia y permitir los ascensos solo por méritos, en igualdad de condiciones, dando la oportunidad de presentarse a todo aspirante que se considere con la aptitud para el puesto, y evaluar por igual mediante el sistema de oposición. Esto aplicaría para todos los operarios del sistema de administración de justicia.

3. Jurisdicción electoral. Si bien la elevamos a rango constitucional, creo que debería ser instituida como un cuarto poder del Estado. En el método de selección de los operarios de esta jurisdicción, debería aplicarse el mismo criterio que para los de la administración de justicia ordinaria, con lo cual se garantizarían iguales principios.

4. Contraloría y jurisdicción de cuentas. Este es un tema que, producto de las experiencias de este quinquenio, requiere un análisis especial. Si se logra una verdadera independencia de los órganos del Estado, y al Legislativo se le garantiza una total independencia del Ejecutivo, el sistema podría funcionar en cuanto a la selección o nombramiento del contralor (a).

¿Pero, cómo se puede garantizar esa total independencia? Lo veremos por separado. Sobre el aspecto de la jurisdicción de cuentas, como en cualquiera otra, aplica el mismo principio que plantee con el electoral, en cuanto a nombrar a magistrados, jueces y operarios a través de concursos y oposiciones.

5. Independencia presupuestaria de los órganos del Estado. Para garantizar este punto, considero fundamental que cada uno maneje su presupuesto, de manera separada, y que no se condicione a la aceptación del Ejecutivo y ratificación del Legislativo.

Para este propósito, podríamos copiar el esquema del Consejo de Rectores, y crear un “supra órgano” que determine los aportes que le correspondan al Ejecutivo, Legislativo y al Judicial, y la verificación de su ejecución.

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