TEMA DE ESTADO

Protección del niño, debate pendiente: Luis Antonio Pereira Sánchez

Recientemente, se celebró el Día del Niño. Coincidiendo con estas festividades, el primer ministro británico David Cameron, del Partido Conservador, habló de su intención de establecer un bloqueo automático al contenido pornográfico en internet, para dificultar su acceso a los menores de edad, en especial, al contenido violento y de pornografía infantil.

A pesar de las acciones de los grupos que se oponen y de los críticos que alegan la falta de efectividad de esa medida, se vuelve a despertar un debate propio de tal Estado, semejante al que surgió a raíz de la censura establecida en 1984, mediante el Video Recordings Act, que impedía el alquiler de películas de contenido violento en formato de video.

Aun cuando este debate puede resultar un tanto extraño, la oportunidad es propicia para reflexionar la postura que Panamá puede, o no, adoptar en este tema; además de que permite proponer una nueva arista sobre el debate general en cuanto al alcance de la intervención del Estado. Entre las normas del Código de la Familia a ese respecto destaca el artículo 485, cuya lectura reciente me ha llamado poderosamente la atención al contrastar la realidad nacional.

Señala el artículo 485: “El Estado protege la salud física, mental y moral de los menores nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y de los nacionales que se encuentren en el extranjero....”.

“Los medios de comunicación, como especial vehículo de formación y educación de la colectividad, deberán promover, de manera constante y permanente, el desarrollo integral del menor, respetando los principios de moral, salud física o mental de los menores”. “Se prohíbe la difusión de programas, mensajes o propagandas que contengan apología del delito. Los medios de comunicación evitarán la difusión de programas, mensajes o propagandas con pornografía, violencia gráfica y mutilación. El Órgano Ejecutivo, a través de la Comisión Ejecutora del Código de la Familia, reglamentará la aplicación de esta norma”.

Lo primero que se puede discutir es qué tanta efectividad tiene el cumplimiento de esta norma. Honestamente, no sabría decirlo, pero por los comentarios generales que en ocasiones escucho, la programación de novelas emitida por nuestras televisoras nacionales, por decir lo menos, raya en el límite de estas directrices, presentando relatos vívidos de la vida de narcotraficantes y todo tipo de delincuentes. Sin embargo, el tema que interesa al leer esta norma es la posible confrontación entre dos bienes jurídicos: la libertad de expresión y la protección del niño y adolescente, ambos amparados constitucionalmente.

¿Cuál de estos pesa más en la confrontación jurídica? De momento no hay un pronunciamiento judicial al respecto, así que quedamos en el terreno de la especulación.

En primer lugar, efectivamente en Panamá la propia Constitución hace suyo el concepto tuitivo (que guarda, ampara o defiende) del Estado en esta materia, puesto que aun antes de regular la patria potestad de los padres (Art. 59), menciona la obligación del Estado de proteger al menor (Art. 56), provisión que no existe en la Constitución “no escrita” del Reino Unido.

Por el contrario, la libertad de expresión en la Constitución panameña (Art. 37), no tiene la suficiente amplitud como para poder convertirse en aquel derecho absoluto (que en realidad no hay ninguno), que otras cortes han querido hacer ver, con o sin suficiente fundamento. De hecho esta no alude expresamente a las obras o creaciones comerciales.

Por otra parte, dicha obra –que cuenta con una protección constitucional (Art. 53) semejante a la de la propiedad privada (Art. 47)–, está sometida a las obligaciones derivadas de la función social (Art. 48), además el medio que la transmite se somete, como cualquier otra actividad, a la posibilidad de regulación del Estado (Art. 282), puesto que resulta un tanto innecesario decir que la autorregulación, que es el mecanismo vigente, ha tenido muy poca efectividad.

Se podrá argumentar que cada quien es libre y responsable de decidir y regular lo que ve en la televisión. Sin embargo, la respuesta a la interrogante planteada aquí tendrá gran importancia en una época en que parece que los hijos son criados por los medios de comunicación social, más que por los padres, especialmente cuando todavía una gran mayoría de padres no adquiere ningún mecanismo de control de contenido en la TV o en internet.

Nos encontramos frente a una inconveniente norma “mordaza”, así como a una equivocada orientación constitucional del Estado en materia de niñez y adolescencia. Lo cierto es que se requiere definir la postura de Panamá en esta materia, de lo contrario, seguiremos incumpliendo esta obligación, porque hasta la fecha no se ha reglamentado el artículo en cuestión, como lo exige la parte final de la propia norma citada.

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