AGENDA LEGISLATIVA

Proyectos cuestionados, nocivos resultados: Fernando Gómez Arbeláez

Como pocas veces en la historia legislativa panameña, nuestra Asamblea Nacional encuentra su agenda acaparada por el debate simultáneo de variados proyectos de ley que son controversiales. Desde comienzos de 2013, los diputados se han ocupado de tramitar una pluralidad de propuestas sobre las más diversas materias procedentes del Órgano Ejecutivo, sin observar en muchos casos que su contenido evidentemente carece del análisis público necesario.

A la fecha, algunas ya han sido aprobadas, convirtiéndose en leyes sancionadas por el Presidente de la República. Estas incluyen a la Ley 3 de 2013, que desacertadamente condiciona la aprobación, realizada por la Asamblea hace dos décadas, de un tratado como el del Parlacen, a la vigencia de una ley nueva, y a la Ley 15, que aumenta el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas sin hacer ningún aporte a programas para combatir al alcoholismo y sus efectos intrafamiliares, como tampoco a la prevención de accidentes causados por su consumo excesivo, una de las mayores causas de muerte en Panamá.

Otros proyectos, como la reciente Ley 7, que establece el marco regulatorio para la esterilización de adultos, no contaron con el amplio debate requerido por un tema sensible como este, en especial por sus implicaciones médicas, psicológicas y sociológicas, tomando en cuenta, además, el uso de recursos del Estado para su ejecución. Regula a la esterilización femenina desde los 23 años de edad en siete artículos, pero solo en uno, desde los 18 años, a la masculina.

Grave ha sido la sanción de la Ley 8, que suspende la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en la mayor parte del país, ahora dividido geográficamente por dos diferentes legislaciones procesales en vigor. Esta ley responde a una iniciativa legislativa del Ejecutivo bajo el pretexto de la falta de recursos para implementarlo, de la que tanto la Corte Suprema como el Ministerio Público fueron en todo momento impávidos espectadores. El celo con que una vez defendieron a la Sala Quinta estuvo ausente de la pausa de este sistema que beneficia a la justicia expedita, tan desconocida como es dentro de nuestro ámbito judicial.

Entre aquellos proyectos pendientes de los tres debates en la Asamblea, destacan por su deficiencia los relacionados con materias económicas. Así, mediante el proyecto 566, el Ejecutivo busca crear una “Autoridad Nacional de Ingresos Públicos” (ANIP) como institución autónoma del Estado, sin tomar en cuenta su inconstitucionalidad por motivo del Art. 184, numeral 5, de nuestra Constitución. Esta antigua norma, presente en todas las constituciones republicanas, incluso en las de nuestro periodo colombiano –iniciando con la del “Estado del Istmo” de 1841–, ha sido explicada en la jurisprudencia de la Corte Suprema. De acuerdo a esta, la recaudación y administración de las rentas nacionales son atribuciones exclusivas que ejerce el Presidente de la República con la participación del ministro respectivo. Cualquier autonomía de una ANIP respecto al Presidente y ministro de turno debe contar, como mínimo, con una previa reforma constitucional.

Por su parte, el proyecto 569 pretende otra modificación –la segunda en apenas tres meses– de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, que establece el llamado “Fondo de Ahorro de Panamá (FAP)”. En detrimento de su integridad financiera, los cambios propuestos eliminan del Art. 5 los montos deducibles de un eventual retiro de fondos. Ante la imprudencia con que se plantean estos frecuentes cambios, el FAP, que tiene solo nueve meses de haber reemplazado al Fondo Fiduciario de 1997, va perdiendo capital, credibilidad y confianza.

De todos los proyectos, el más polémico es el 568, formulado para adoptar un régimen de custodia de certificados de acciones emitidas al portador. Dado su contenido y fin, representa la claudicación panameña ante las constantes exigencias, nunca satisfechas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad de la que Panamá no es miembro. Representaría también el fracaso de una llamada “Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros”, bajo la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, si esa comisión alguna vez hubiera hecho algo más que tomar nota de las instrucciones expresas ordenadas por la OCDE y sus países constitutivos.

Al Gobierno le ha faltado desde el principio la voluntad de defender internacionalmente un sistema panameño de sociedades que tiene más de 86 años de vigencia. Lejos quedaron los días de 2009, cuando ingenuos funcionarios aseguraban que con “12 tratados tributarios” Panamá quedaría exenta de todo cuestionamiento. Nunca han reconocido que la OCDE busca, sin más ni menos, la destrucción de ese sistema. Frente a tanta inercia gubernamental, es lógico que los banqueros se preocupen por las veladas amenazas de la OCDE pues, al igual que los abogados, tampoco esperan que estas autoridades tengan la entereza de salvaguardar públicamente las leyes panameñas existentes.

Queda confiar en el buen juicio resultante del análisis de esos proyectos antes de ser aprobados y sancionados como leyes, so pena de ser perjudiciales a nuestro país, si al menos antes fueran leídos adecuadamente por las partes involucradas.

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