PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

Pueblos originarios: Carlos Guevara Mann

En virtud de las injusticias históricas que han sufrido y las deplorables circunstancias bajo las cuales en muchas partes todavía viven los pueblos originarios, la comunidad internacional se ha pronunciado con contundencia al respecto de sus derechos. El 13 de septiembre de 2007, con el voto afirmativo de 144 Estados (incluyendo a Panamá, representada en ese momento por el embajador Ricardo Alberto Arias), la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Dicha Declaración ofrece valiosas orientaciones hacia la promoción y protección de los derechos de las comunidades originarias, aspiración de todo gobierno democrático en cuyo territorio hay poblaciones de este tipo, como lo ha recordado en días recientes el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Vale la pena destacar, en este contexto, el Art. 32 de la Declaración, cuyo numeral 2 dice así:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente con relación al desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.

El numeral 3, a su vez, indica: “Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual”.

Los Gobiernos democráticos recurren a la normativa internacional como un complemento útil de la legislación interna para asegurar el pleno ejercicio de los derechos individuales y sociales. En el caso de Panamá, la constitución vigente contiene preceptos que es importante tomar en cuenta al respecto de los grupos originarios.

Entre ellos, el artículo 127 señala: “El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social”. En su sentencia del 24 de septiembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que al referirse a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, dicho artículo “establece una prohibición de apropiación privada de las tierras”.

Hay en Panamá cinco comarcas indígenas establecidas mediante sus respectivas leyes: las de San Blas (ese es el nombre que le dan la Constitución y la ley), Emberá-Wounaan, Madugandí, Ngäbe-Buglé y Wargandí. Corresponde al Estado, a través del Gobierno, garantizar la integridad de estos territorios según la normativa internacional, la constitución y las leyes de la República.

De acuerdo con los preceptos señalados, también corresponde al Estado promover el mejoramiento de la situación socioeconómica de los pueblos indígenas en armonía con sus tradiciones. Este objetivo es particularmente relevante en vista de las malas condiciones en que vive la población indígena del país.

Según la más reciente Encuesta de Niveles de Vida (ENV 2008), la prevalencia de desnutrición crónica (baja talla para peso) entre los menores de cinco años pertenecientes a la población originaria panameña es de 62%. La estadística para la muestra total de la República es de 19.1%. Se considera que una prevalencia superior al 40% es muy alta.

Peor aún, desde que se llevó a cabo la primera ENV en 1997, la prevalencia de desnutrición crónica entre la población indígena menor de cinco años ha aumentado de 53.9% (1997) a 59.6% (2003) y el ya señalado 62% (2008). Este es tan solo un indicador de las dificultades que enfrentan los pueblos originarios y que deben ser atendidas por una sociedad democrática y comprometida con el respeto a la ley y a los derechos humanos.

Los eventos de días recientes han descubierto ante la opinión pública e internacional la lamentable situación socioeconómica de los indígenas panameños. (Fue tema en el programa de Ismael Cala en CNN el 8 de febrero). La coyuntura es propicia para impulsar un gran compromiso nacional a fin de ampliar los beneficios de la bonanza económica hacia los sectores marginados, en particular los pueblos originarios, de acuerdo con la normativa internacional, la constitución y las leyes de la República.

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