CONTRATACIONES

Radares son radares y drones, otra cosa: Juan Manuel Castulovich

Unas semanas atrás, el Presidente ordenó a sus ministros que salieran a divulgar y proyectar el trabajo de su gobierno. Desde entonces, varios se han vuelto extraordinariamente locuaces; pero después de algunas sonoras y preocupantes metidas de pata, tal vez fuera mejor, si no tienen algo positivo que informar, que vuelvan a la parquedad o al prudente silencio.

Por lo que ha trascendido del caso de los radares, el Estado panameño fue timado por todo lo alto. Los equipos, comprados por un precio muy superior al que la misma empresa cobró en otros países por instrumentos similares, son inservibles en su mayor parte o requieren de la inversión de millones adicionales para hacerlos operativos. Cuando el gobierno asumió el poder prometió revisar exhaustivamente todas las contrataciones hechas y, de encontrar componendas o irregularidades, poner los remedios y actuar con energía contra quienes resultaran responsables de lesiones patrimoniales al Estado.

Uno de los casos que se denunció como ejemplo de malos manejos, matizados con coimas y sobornos, fue el de los radares. Grabadas están las declaraciones de los más altos personeros del gobierno, con el Presidente a la cabeza, secundadas por el ministro Aguilera, de que se procedería a rescindir el contrato y demandar las reparaciones económicas correspondientes. Pero el eco de esas “valientes y decididas declaraciones” hace mucho que se perdió en la nebulosa del tiempo.

Una de las primeras y más sorprendentes declaraciones posteriores a las citadas vino del propio Aguilera, cuando dijo que el Estado no podía relevarse de pagar el costo de los radares, porque la empresa había cedido su crédito, es decir, el precio por cobrar, a bancos a los que era obligatorio pagarles. Tanto lógica como jurídicamente esa explicación es una auténtica sandez. Quien asume por subrogación la titularidad de un crédito no tiene más derechos que los que tenía el acreedor original subrogado; y si este, por no haber cumplido sus obligaciones contractuales, pierde el derecho a cobrar el precio pactado, también lo pierde el acreedor subrogante. Así de claro y simple.

Pero como si no tuviéramos suficientes metidas de pata por altos personeros del gobierno, en otras, pero igualmente sorprendentes declaraciones, ese ministro informó que el Gobierno contrató a una firma de abogados de la localidad, para que esta, después de un análisis del asunto, le “recomiende qué es lo que debe hacer en el caso de Finmecánica”. Es sorprendente, para no usar otro calificativo, que un ministro con formación jurídica que, además, tiene a su disposición una batería de asesores legales bien pagados decida saltárselos y, aparte de tomar una decisión de muy dudosa legalidad, desconocer que la Constitución Política, en el Art. 220, numeral 5, asigna esa función al Ministerio Público. Y si a todo lo anterior se suma la aún más incomprensible decisión del ministro de Seguridad, de recibir y comprometerse a estudiar la última, absurda y trasnochada, propuesta de la empresa italiana, para librarse de responsabilidad, mediante la entrega de juguetes voladores no tripulados (drones), hay que preguntarse, y muy seriamente, si el Sr. Aguilera está a la altura de las responsabilidades de su cargo.

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