PERFIL IDÓNEO

Rebatiña por la Defensoría: Carlos Guevara Mann

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Rebatiña por la Defensoría: Carlos Guevara Mann

El reparto burocrático, decía el Dr. Humberto Ricord, es el interés primordial de los politiqueros panameños (y sus aprendices). Así lo plantea el “concurso” para defensor del Pueblo, cuyas entrevistas realiza esta semana la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Veintiséis personas ambicionan el cargo, lo cual no es sorprendente en vista del salario (10 mil dólares mensuales), el presupuesto de la organización (5 millones de dólares) y las oportunidades de figuración y turismo de derechos humanos que se le presentan al ungido.

Como debe ser eso lo que motiva a la inmensa mayoría de los aspirantes, hay que ver qué están dispuestos a transar con los diputados, quienes tienen en sus manos la designación. O, a lo mejor, todo el concurso es una pantomima, pues quizás la nefasta y antinatural alianza de “gobernabilidad” entre el Partido Panameñista y el PRD ya acordó que el cargo es para el partido de la dictadura, como se ha insinuado (La Estrella, 18 de febrero).

Ambos escenarios son viables en un Panamá absolutamente mercantilizado, en que la práctica de la política carece de elementos éticos, programáticos o ideológicos.

A los ciudadanos, sin embargo, no nos interesa tomar parte en la rebatiña de los politiqueros. Nos interesa que los cargos públicos sean desempeñados por gente correcta.

Queremos, por tanto, un defensor instruido, independiente, enérgico y con sensibilidad social. A tales efectos, queremos evaluar el compromiso con los derechos humanos de los aspirantes, en su inmensa mayoría ilustres desconocidos (reconocí 4 nombres en la lista de 26, de los cuales 3 tienen conexión con la temática en cuestión; paradójicamente, el que más conocimientos tiene sobre la materia fue “objetado”, según La Prensa, 20 de marzo).

Para ayudar a la Comisión de Gobierno –y, sobre todo, a su honorable presidente, un individuo totalmente comprometido con el derecho a la vida y la pureza del sufragio– a precisar las calificaciones de los pretendientes, pueden formularse preguntas interesantes. Aquí, por falta de espacio, solo propongo dos; desde luego que usted, amable lector, tendrá otros valiosos cuestionamientos.

1. Según la Contraloría General de la República, la violencia (categoría que comprende accidentes, suicidios y homicidios) fue la segunda causa de muerte en 2014, después de los tumores o neoplasias. Sin duda, los 26 candidatos saben muy bien que la violencia doméstica es el principal problema de seguridad de Panamá y que en 2015 hubo 17 mil 434 denuncias de este tipo (la cifra real debe ser mucho mayor).

Una expresión de esta epidemia, reflejo de una sociedad altamente estresada, es el número de feminicidios reportados: 29 en 2015 (La Prensa, 19 de febrero).

La justicia comunitaria ha sido incapaz de proteger a las familias, particularmente a las mujeres, ante esta ola de violencia. En vista de la magnitud del problema –y de que la actual defensora no se inmuta–¿qué medidas concretas puede tomar la Defensoría para promover la vigencia del derecho a la vida en la esfera doméstica?

2. Los diputados examinadores están totalmente enterados de la realidad nacional, por lo que no ignoran que la dramática situación del entorno natural menoscaba el ejercicio de los derechos ambientales.

Saben, pues conocen al dedillo nuestra empastelada Constitución, que su artículo 118 dictamina: “Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana”.

También están al tanto de que el Ministerio de Ambiente nada hace por proveer esta garantía, por lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo una importante función para implementarla.

Pueden, por tanto, interrogar a los candidatos acerca del impactante aumento de la incidencia de enfermedades hidroalimentarias (amebiasis, diarrea, intoxicación alimentaria, salmonelosis, shigelosis) la cual, según la Contraloría General de la República, se incrementó de 5 mil 842 a 7 mil 492 por 100 mil habitantes entre 2009 y 2013. Lo que revela, entre otras situaciones, un acceso problemático al agua potable para parte importante de la población.

La Defensoría del Pueblo es demasiado relevante para dejarla caer en manos de improvisados o politiqueros. Insistamos a la Asamblea Nacional que escoja un defensor idóneo, ajeno a la politiquería, la corrupción y la mediocridad.

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