JUSTICIA POPULAR

Recomendación contra la corrupción: Lisímaco Jacinto López y López

Corrupción es el abuso del poder en la función pública, para beneficio personal. Es la desintegración, la putrefacción o proceso de degradación del Estado. Es un virus que infecta el cuerpo social. Es la gangrena, la bacteria que pudre la sociedad.

La corrupción no es más que la vil y depravada forma de violentar la estabilidad política, económica y la vida de la sociedad con prácticas ilegales como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de drogas, el patrocinio de peculados, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. Es el abuso del poder público.

La corrupción es violencia institucionalizada porque los actores, corruptos y corruptores, usan los cargos públicos y a los funcionarios estatales que deben combatirla; fiscales y jueces, como instrumentos del no hacer justicia, al ignorar las demandas y denuncias.

La corrupción utiliza a los veedores, auditores, contralores, fiscales y jueces para que desconozcan e ignoren las demandas y denuncias, declarando libres e impunes a los involucrados y con esos malos procederes, violentar las leyes.

Ante estos procederes ilegales y ultrajantes contra el Estado, contra su población, no queda otro camino que la reacción popular, la ¡justicia popular!

Los pueblos del mundo han tenido que exigir en las calles, las condenas y el castigo de las prácticas corruptas, y el pueblo panameño, en su transcurrir histórico, no lo ha hecho en forma distinta.

La calle es el teatro de enfrentamientos del pueblo contra los efectivos represivos de las dirigencias corrompidas. El pueblo le ha perdido el miedo al miedo. Si creen que con intimidación, persecución, maltrato y cárcel a los cabecillas, apaciguan a la oposición, no se percatan de que una vez institucionalizada la violencia, lo que logran es más violencia. Recordemos algunos ejemplos históricos de reacción a la violencia institucionalizada:

1. La Revolución Francesa, 14 de julio de 1789, con la que comenzó la reestructuración de todo el sistema judicial y la creación de la nueva democracia representativa.

2. El 18 Brumario de 1848.

3. La lucha Inquilinaria, entre 1925 y 1934.

4. El rechazo de bases de 1947.

5. La rebelión de cerro Tute en 1959.

6. La “Marcha del Hambre” de 1959.

7. Las manifestaciones laborales en las bananeras de 1961.

8. El 9 de enero de 1964.

9. Más reciente, el rechazo a las leyes chorizo, de la minería en las comarcas y la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón, todas contra el gobierno de Martinelli.

Todos estos hechos costaron vidas humanas y no se le ha hecho justicia a las víctimas, ni se ha ordenado cárcel para quienes los impulsaron, aprobaron y trataron de beneficiarse de esos actos de clara corrupción. Sin embargo, el pueblo no olvida.

En este 2015, no investigar, sancionar o aplicar penas carcelarias a los funcionarios del gobierno anterior que hayan sido partícipes comprobados de malas prácticas –con su jefe a la cabeza– sería echarle tierra al problema o distraer a la ciudadanía con subterfugios legales y recurso dilatorios.

Cuando la impunidad es la regla, la sanción es la excepción. Por eso, el pueblo exige certeza del castigo como única cura a este virus que nos contamina, a esta gangrena que enferma nuestro cuerpo social y político y que afecta a todo el pueblo y a sus futuros descendientes. De no aplicarse de raíz, solo nos llevará a exacerbar la furia popular y a una incontrolable reacción, porque ¡ante la violencia institucionalizada, la violencia popular será la acción!

¿Cómo se combate la corrupción? Con voluntad de hacerlo y comprobada honestidad. Le llegó la hora al “excelentísimo señor Presidente de la República”, de que se erija, se yerga sobre los conflictos personales y políticos partidistas y lidere al pueblo panameño en este combate contra la corrupción institucionalizada. Y así como otro presidente panameñista, Guillermo Endara G., fue considerado el gestor de la nueva democracia panameña, Juan Carlos Varela Rodríguez entre a la historia patria como el erradicador de la corrupción y restablecedor de la institucionalidad democrática. ¡A la calle!, será la reacción del pueblo, al sentirse engañado y ver incumplida las promesas electorales.

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