VALORACIÓN

Recursos naturales: riqueza nacional, ¿beneficio para quién?: Joaquin de la Guardia

El debate en torno a la conveniencia o no, de permitir la explotación de nuestros recursos naturales –minería, areneras, hidroeléctricas– se da en forma incesante, pero genérica y mal orientada. Esto porque no se incluyen en el debate las condiciones específicas bajo las cuales se van a desarrollar estas actividades, específicamente, ¿cómo se van a repartir los beneficios? ¿cuánto le va a tocar al Estado´ y ¿cuánto a las compañías concesionarias?

¿De qué sirve que el oro se haya convertido en el mayor sector de exportación panameña, sumando más de $110 millones en 2011, si al país no le toca prácticamente nada? En el lado positivo del balance están unas regalías ínfimas, un puñado de empleos –muchos de salario mínimo– y unas migajas que las compañías le dan a las comunidades, como uniformes para ligas deportivas y demás. Por el lado negativo, el país pierde una riqueza mineral que yacía enterrada y la devastación de decenas de miles de hectáreas –remoción de la capa vegetal, contaminación de ríos, etc.– y la merma de nuestra calidad de vida y potencial turístico. Y como si esto fuera poco, súmenle la campaña mediática abrumadora y embrutecedora que llevan a cabo los concesionarios. ¿De qué sirve desarrollar hidroeléctricas, si aun cuando estas suplen más de la mitad de la electricidad que consumimos, el costo de esa energía en Panamá sigue siendo el más caro en la región y aumenta cada vez que aumentan los precios del petróleo? A no ser que el Gobierno amortigüe los costos con subsidios, que este año van a superar los $300 millones. Puede que el agua sea “el petróleo panameño”, pero bajo las condiciones actuales pareciera que es muy poco lo que le toca a los panameños. Indicio de esto, nuevamente, son los altos precios que pagan los consumidores, los subsidios que paga el Gobierno y la euforia que hay entre los inversionistas privados del sector. Y, bueno, para completar la ecuación, obviamente al país le queda el daño ecológico.

No es nada inusual que haya normas que respondan a intereses especiales y sean contrarias al bien común. Estas abundan en nuestro ordenamiento jurídico en función de que estos intereses especiales promueven sus objetivos con mucha habilidad e intensidad, mientras que del otro lado hay intereses difusos con poca organización y motivación: se le está pellizcando un poquito a cada ciudadano. Esto ocurre en todas las democracias y en regímenes autoritarios, ni se diga.

Los actores privados que pretenden desarrollar estos negocios se benefician del debate actual que los presenta como desarrollistas enfrentados a ecologistas románticos e imprácticos que frenan el progreso. El verdadero debate debe poner en la balanza el daño ecológico y los beneficios específicos para el país: ¿qué es lo que de verdad le queda a Panamá? ¿Por qué estar orgullosos de que el año pasado se llevaron de Panamá 160 mil onzas de oro, si al país no le quedó nada? Casi parece un saqueo u otra colonización.

En algunos casos, como el de las hidroeléctricas, por ejemplo, si es que de verdad son convenientes, el mismo Estado pudiera considerar desarrollarlas en función de que las inversiones requeridas son pequeñas y simples en comparación con algunos de los proyectos que se están emprendiendo. Esta es la alternativa por la que han optado países inminentemente mineros y petroleros, después de años de insatisfacción con la repartición de los beneficios.

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