CONSTITUCIÓN

Reelección presidencial y otros cambios: Rubén Darío Paredes

Se midió, sin ambages, la explotación por algunos diputados de la marginación y pobreza de familias asediadas por satisfacer las necesidades fundamentales y la degeneración moral y política, que ya atrapa a los propios diputados. Consideramos que este caciquismo casi mafioso, le cierra el camino a las juventudes estudiosas de nivel universitario, con aspiraciones políticas para el reimpulso del desarrollo nacional y bienestar humano. Y que este transitar de cinco, y no más allá de 10 años, en el ejercicio político de estas juventudes, contribuye enormemente a la formación profesional y social de un buen ciudadano. Se decidió, además, que en lo sucesivo, los diputados no tendrán partidas especiales ni recursos para realizar obras comunitarias, contarán únicamente con sus salarios; se eliminarán las exoneraciones de vehículos y combustible.

Tuvimos, por fuerza, que referirnos al FES (hoy PAN) que se ha convertido en una palanca corruptible al servicio de los presidentes y que, de no corregirse, seguirá prestándose para sobornar, arrodillar y degradar a diputados y representantes de corregimiento. Encontramos que este programa, fondeado con $200 millones anuales, es inconstitucional, choca de frente con los artículos 277 y 278.

En la otra vertiente del campo reeleccionista –y aunque aún está pendiente de discusión en la mesa 3 para llegar a un consenso democrático o no–, justificamos la reelección presidencial, ya sea inmediata o diferida por una sola vez en la vida política de un ciudadano, siempre que se legisle y reglamente los siguientes frenos y contrapesos constitucionales; primero, el Presidente que aspire a reelegirse debe retirarse del cargo de manera definitiva seis meses antes (o 180 días) de la fecha de las elecciones. Necesitaría obtener el 50% del total de los votos. De no ser así, tendría que someterse a una segunda vuelta –40 días después de la primera elección– frente al candidato que le siga en cantidad de votos.

Consideramos que la reelección cinco años después de haber acabado su mandato, sería una insensatez y contradicción. Si un Presidente trae el impulso de grandes realizaciones en el campo social, económico, de salud, agropecuario, etc. ¿por qué detener ese impulso? Que sea el soberano quien decida, por vía de elección pura, si debe seguir o se retira. Vale agregar nuestra visión en el sentido de que aquellos presidentes que logren la reelección, al final de su último mandato se convierten en diputados vitalicios.

Otro tema a discutir en procura de robustecer nuestro sistema liberal democrático consiste en la descentralización del poder, para evitar que se concentre en el Ejecutivo, algo que ha llegado el momento de rectificar, si es que realmente el presidente Martinelli quiere convertirse en estadista y demostrar capacidad de persuasión, convencimiento y liderazgo para que sus fuerzas políticas acepten estos impostergables cambios patrióticos–constitucionales. De ser así, sin duda, el pueblo soberano aprobaría el referéndum y, posiblemente, su reelección inmediata.

Querer sorprendernos con un paquete de reformas hechas a su medida tipo “Antinori-Almengor”, desde la oscuridad del palacio, le podría costar un grave revés y su devenir político, por un contundente rechazo a las reformas. (Ante estos comentarios, lógicamente, los notables sorprendidos, perplejos e inconformes, se reacomodaron en sus sillas).

En los últimos cinco quinquenios, cuando se ha apelado por la descentralización del Ejecutivo, sus titulares han desobedecido el artículo 305 sobre la carrera policial que sustituyó la carrera militar y el artículo 310, que cita la obligación de crear, mediante ley, el escalafón institucional de antigüedad y méritos, para cada componente o rama de la fuerza pública. Deberían, entonces, los presidentes electos escoger de ese escalafón a los directores de cada componente que consideren útil para la patria y para que lo acompañen en su quinquenio. Si los presidentes honran el escalafón y seleccionan a los directores entre los tres oficiales uniformados mejor ubicados, estos a su vez deberían acogerse a sus jubilaciones o retiros definitivos, al final del período presidencial. En esta renovación constante de los mandos superiores y su posterior separación de la fuerza pública, radica la seguridad de que los miembros de esa entidad no aspiren o pretendan la dirección política de la República.

Al permitir la carrera policial completa para los uniformados, lograríamos la excelencia en el servicio policivo, ello nos prepara para rechazar y combatir la “bomba delincuencial y la violencia sangrienta dantesca”, que baja desde México hacia Panamá, que ya hace estragos en Guatemala.

Le expresé a los notables que la fuerza pública en el bolsillo de los presidentes, como ocurre hoy y ayer (Pérez Balladares nombró a un director civil no nacido en Panamá), envía señales antidemocráticas a los otros órganos del Estado y a la propia ciudadanía, al extremo de que ante semejante derroche de poder y control presupuestario, se someten por seguridad personal.

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