CONDICIONES Y DERECHOS

Régimen laboral especial en el Canal: Álvaro Moreno Constantino

Hace algunos días leí un escrito de opinión, en el que se hacía un análisis de la situación actual de las relaciones laborales en el Canal. A pesar de las referencias históricas erróneas que usó el autor de dicho escrito para explicar el origen de la Junta de Relaciones Laborales, entidad a la que por ley le corresponde resolver los conflictos de ese tipo en el Canal de Panamá, me enfocaré en los asuntos de fondo, los cuales considero de mayor importancia.

Los miembros de los sindicatos de trabajadores del Canal –a pesar de que no nos han permitido una participación real en la redacción del Título Constitucional sobre el Canal– encontramos oídos y mentes receptivas en la Asamblea Nacional. Así pudimos incorporar modificaciones importantes al texto aprobado en 1993, y ratificado por la siguiente Asamblea en 1994. La más importante fue mantener las condiciones y derechos laborales existentes al 31 de diciembre de 1999. Los trabajadores ya habíamos decidido que la transición a manos panameñas no era el momento para experimentar, por esa razón quisimos mantener el sistema que funcionaba desde 1980, con participación real de los trabajadores en las decisiones operacionales de la vía, por conducto de sus sindicatos, mediante procesos de negociación colectiva y mecanismos justos, imparciales y expeditos de resolución de conflictos. Es así que nace la Junta, con funciones similares a las que –bajo administración estadounidense– realizaban la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) y el Panel para Estancamientos en el Servicio Federal (FSIP).

Es iluso aseverar que todos los gobiernos anteriores manejaron con infinita transparencia el nombramiento de los miembros de la Junta. Le tocó a la Unión de Prácticos oponerse, en 2006, al nombramiento del secretario general de un partido político como miembro de la Junta. Eso se percibió como una injerencia de la política partidista y se combatió con vehemencia.

Los males que aquejan a la Junta en la actualidad son más externos que internos. Los miembros son nombrados por periodos de cinco años escalonados, por lo que su composición varía constantemente. Lo que no ha cambiado en los últimos años son los ataques de la administración de la ACP para minar el poder que tiene la Junta para impartir justicia en materia laboral. Aquellos casos en los que esta falla en favor del trabajador son, casi en su totalidad, apelados por la ACP ante la Corte Suprema de Justicia, lo que dilata la solución final durante años. El desbalance es evidente porque la ACP cuenta con fondos ilimitados, si se le compara con los que disponemos los trabajadores y los sindicatos para asumir los costos de ir a la Corte.

Si de dar consejos al nuevo gobierno se trata, sugiero, con el respeto que se merece, que no modifique la Ley Orgánica de la ACP o el título constitucional que la creó, a menos que lo hagan en un proceso de diálogo nacional como el que se dio en 1996, en los encuentros Panamá 2000 y Coronado. El problema real no está en las leyes, sino en los individuos que no aplican esas leyes, o que hacen todo lo posible por no respetarlas.

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