ARBITRARIEDAD

Registro Público y seguridad jurídica: Miguel R. Vanegas

El Registro Público al inscribir los actos jurídicos que las personas generan, debe garantizar la fe de su legalidad y legitimidad. Cualquier desviación de esos fines colinda con el delito. En los últimos gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y, ahora, en el de Juan C. Varela, la institución se utilizó politiqueramente, lo que mina su credibilidad, atenta contra la seguridad jurídica y el estado de derecho, elementos fundamentales para la democracia.

El actual director del Registro, Fernando Alfaro, violentó el ordenamiento jurídico al desacatar al Tribunal de Justicia que ordenó una medida de protección inscrita en el Registro desde enero de 2011, dentro un proceso que impide la inscripción de otro acto hasta tanto sea resuelta la apelación ante el Primer Tribunal Superior y cuya decisión final tendrá consecuencias inmediatas en el destino legal del Comité Olímpico de Panamá (COP).

La actuación arbitraria del director sintoniza con las adoptadas en su momento por Álvaro Visuetti y Luis Barría, respectivamente. El primero desapareció una junta directiva inscrita y vigente, registrando otra de forma provisional, lo que legalmente no podía hacer. Ello motivó una querella penal cuyo expediente lleva engavetada varios años en el despacho del magistrado Harley Mitchel, de seguro por la vinculación política que un día tuvieron y que mañana tendrán. Por su parte, el segundo, no inscribió un fallo de la Sala Tercera de la Corte, omisión que dio margen a que, con posterioridad, se inscribiera la medida de protección antes señalada lo que mantiene estancado en la incertidumbre el estatus legal del COP, por las indebidas y delictivas injerencias politiqueras contra una asociación olímpica con personería jurídica, cuyas actuaciones son inscribibles, en el marco del respeto al ordenamiento jurídico.

Ahora el actual director, en atención a quien sabe qué temores y nefastos intereses, se entromete en las funciones de otro Órgano del Estado para resolver controversias judiciales que no le corresponden e inscribe una junta directiva escogida en contravención del estatuto vigente del COP, al incluir una persona que ocupaba un cargo gubernamental, al momento de su designación. El acto, además, estuvo viciado, pues en la asamblea general ejercieron el voto los que tenían derecho solo a voz. Por tales y otras contravenciones constan defectos insubsanables que, de la lectura del estatuto inscrito y lo consignado en el acta correspondiente, saltan a la vista. De forma que se debió negar su inscripción.

Alfaro violentó lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley 38 de 2000, que señala que las actuaciones administrativas deben efectuarse “con apego al principio de estricta legalidad”, y el Art. 36 de dicha ley de que “ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente”. Actuaciones como estas perjudican al gobierno de Varela quien, de forma reiterada, resalta la importancia de la transparencia y el respeto a la institucionalidad. Por ello, si como el presidente expresa “nadie está por encima de la ley”, en el Registro Público se debe hacer los correctivos legales, administrativos y disciplinarios que correspondan y sancionar a quienes resulten responsables.

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