CANAL DE PANAMÁ

Regreso al futuro: Rodolfo Sabonge

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Mi tesis de graduación de maestría en Desarrollo Marítimo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, escrita en 1995, iniciaba con las siguientes interrogantes, que luego intentaría responder: “¿Podremos los panameños administrar el Canal después del año 2000? ¿Podremos aislar el Canal de la política partidista? ¿Podremos continuar los programas de mantenimiento y mejoras? ¿Se producirán alzas constantes en los peajes y cambios en las reglas de arqueo? ¿Podrá el Canal satisfacer los crecientes requerimientos de la demanda de tráfico? ¿Cambiarán las condiciones de empleo de la fuerza laboral canalera? ¿Qué instancias dirimirán los conflictos laborales? ¿Mataremos los panameños la gallina de los huevos de oro?”.

Al cabo de 130 páginas de un análisis integral, mi tesis llegaba a una serie de conclusiones y recomendaciones, algunas de las cuales transcribo a continuación:

“El Título Constitucional solamente aportó la base legal de la futura Autoridad del Canal; sin embargo, la misión de la ACP debe ser flexible y adaptable, se debe examinar de tiempo en tiempo para ver si responde a las realidades del momento, y de no ser así, debe poder modificarse para garantizar su viabilidad a largo plazo...”.

Explicaba en ese entonces que “Un tema fundamental es definir claramente el papel del Canal en el país, pues es muy posible que todos los esfuerzos por coordinar las actividades del Canal con el resto del país van a ser motivo de controversia, conflicto, y confusión”. Y continuaba diciendo:

“Es importante reconocer que, a pesar de su peso específico en términos económicos, la ACP no tiene ni tendrá representatividad a nivel político ni influencia gubernamental. Tradicionalmente, el Canal se mantuvo aislado de las decisiones gubernamentales, tanto a nivel del gabinete del Órgano Ejecutivo, como a nivel de la Asamblea Legislativa, y mucho más del Órgano Judicial. Sin embargo, esto, más que garantizar que el Canal se mantendrá aislado de la política, está asegurando que los estamentos de poder estarán, incrementalmente, tentados a entrometerse en la estructura administrativa y directiva del Canal”.

En buena parte, en mi tesis me refería al papel que el Canal iba a jugar en la economía panameña y su relación con el resto de los sectores marítimo y logístico panameños, llegando a la conclusión de que “... la forma más fácil de integrar el Canal a los sectores marítimo y logístico panameños es unificando las competencias bajo un mismo ministerio, y designando a este como presidente de la junta directiva del Canal”.

Casi 20 años después de mi tesis y tras más de 14 años de la transferencia del Canal, no hemos avanzado mucho en este sentido. Ahora se habla de la creación de una secretaría logística; antes trabajamos en el desarrollo de una estrategia marítima nacional. La realidad es que el Canal ha sido una buena caja registradora que le ha generado aportes significativos al Estado, pero todavía no logramos integrarlo al país como motor de desarrollo.

Reconforta que en su plan de gobierno, el hoy presidente de la República, Juan C. Varela, prometiese convertir a Panamá “en un centro logístico de valor agregado, que potencie los sectores marítimo, portuario y aeroportuario”, y que señalara que para ese fin, “se otorgará un mandato claro al Ministerio de Asuntos del Canal para coordinar las acciones de gobierno en este tema”.

Esa sería la forma sensata y práctica de integrarlo al país, y convertirlo en herramienta clave para la ejecución de la estrategia marítima, que persigue entre sus grandes objetivos la transformación de Panamá en centro logístico regional.

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