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POLÍTICAS SUPERIORES

Regulación de precios o fomento de la competencia: Tom Rodríguez

La regulación adquiere prominencia durante la década de 1970, cuando prevalecía en muchos países el llamado modelo “intervencionista” en el que los estados estimulaban el crecimiento, principalmente, mediante el gasto público y regulaban la economía mediante altos aranceles y la estatización de empresas. En Panamá ese no fue el caso, porque desde 1973 se reconoció la necesidad de flexibilidad y se actuó en consideración.

El fomento de la competencia, por otro lado, adquiere énfasis durante la década de 1990, cuando se produce el auge de la apertura económica y la liberalización; en ese momento, la participación del Estado sufre un repliegue y se enfatiza la libre oferta y demanda. El enfoque se basa en la premisa planteada por el economista Adam Smith hace siglos, que plantea que la competencia entre los individuos y las empresas procura beneficios para el conjunto de la sociedad, porque garantiza el uso eficiente de los recursos.

Este concepto implica que si alguna empresa cobra un precio excesivo por un bien o servicio o se presenta una insuficiencia en cualquier momento, es porque se dan condiciones que impiden una mayor oferta o, lo que es lo mismo, una verdadera competencia. Por ejemplo, puede ocurrir que un grupo reducido de empresarios controle un mercado, fijando precios o se repartan el mercado para que cada uno pueda, arbitrariamente, subir los precios, creando monopolios.

La regulación de precios puede, a corto plazo, remediar una ola especulativa. Sin embargo, a mediano y largo plazo la medida produce una situación en que la cantidad que ofrecen los productores es menor a la cantidad que demandan los consumidores. Dicho de otra forma, la regulación impone un precio tan bajo que causa que a mediano plazo haya más gente dispuesta a comprar que gente dispuesta a vender.

En Panamá ha estado vigente, por años, una regulación que induce a los taxistas al llamado “no voy”, justamente porque el precio que se les permite cobrar es muy bajo con relación al costo de proveer el servicio (especialmente cuando hay congestionamiento o lluvia). Los taxistas solo toman aquellas rutas más cortas y cercanas, dejando a una amplia porción de los usuarios sin transporte. La situación tiende a complicarse en las quincenas, cuando aumenta la demanda de taxis y lo peor es que, por ley, el consumidor no puede ofrecer una mejor tarifa. Otro incentivo perverso de este sistema es que provoca que las taxis manejen en una forma que infringe a menudo las reglas de tránsito, arriesgando la seguridad de pasajeros, transeúntes y conductores en general.

En este tópico, Panamá ha tenido importantes avances en materia institucional, a objeto de fomentar la competencia, a partir del momento que se crea la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, en 1996. Posteriormente, la Ley 45 de 2007 la reorganiza como Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, fortaleciendo su marco de acción. Su objetivo es proteger y asegurar los derechos del consumidor y el proceso de libre competencia económica y libre concurrencia, erradicando prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés del consumidor.

La política de libre oferta y demanda incrementa la transparencia de los mercados de consumo, con un sistema de información al consumidor y con reglas establecidas para la competencia, por lo que representa un instrumento que sustituye a la política de control de precios, tendiente a promover la competencia.

Adicionalmente, presta servicios al consumidor con verificación de precios, contenidos netos, metrología, instrumentos de medidas, veracidad de la publicidad, investigaciones de precios de bienes y servicios, lleva a cabo investigaciones de precios en mercados de alimentos, medicamentos y otros. También es importante la atención a los consumidores en procesos de conciliación, atención de quejas, asistencia legal, educación y otros.

En conclusión, en Panamá con esta institución se puede cumplir con dos objetivos de política pública: la promoción y defensa de la competencia, y la preservación de los derechos de los consumidores que, a todas luces, son políticas superiores a cualquier mecanismo de regulación de precios.

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