DERECHO INTERNACIONAL

Respuesta al director de política fiscal de la OCDE: Adolfo Enrique Linares Franco

Respuesta al director de política fiscal de la OCDE: Adolfo Enrique Linares Franco Respuesta al director de política fiscal de la OCDE: Adolfo Enrique Linares Franco
Respuesta al director de política fiscal de la OCDE: Adolfo Enrique Linares Franco

Ante entrevista que diera Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política Fiscal y Administración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),  a La Prensa (http://www.prensa.com/economia/OCDE-queda-camino-recorrer_0_4321067977.html quisiera contestarle a este tipejo con complejo de Napoleón, que todavía no acepta que Francia ya no es un imperio, quien desconoce que la diplomacia civilizada se basa en el respeto al derecho internacional público y que Panamá no es una “jurisdicción, ni tampoco un “país bananero”, sino un país independiente y soberano y, como tal, exigimos el respeto que nos merecemos como miembro con plenos derechos dentro de la comunidad de naciones y fundador de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Reconoce a regañadientes el avance de Panamá en materia de intercambio de información fiscal pero reitera que “…todavía le queda camino por recorrer y que otros centros financieros han adoptado un compromiso mayor”.    Confesión de parte que la OCDE ni el Foro Global respetan el derecho internacional, que determina que la fiscalidad y la economía son asuntos internos de cada país pues cada uno tiene el derecho de diseñarlas según más le convenga a sus intereses nacionales, de quien pretende convertirse en regulador de facto de la fiscalidad mundial a punta de bullying diplomático.    Su queja que no hayamos querido comprometernos antes a implementar el estándar elaborado por ellos, es un desconocimiento expreso de su parte del derecho internacional, descalificándose así para liderar cualquier discusión multilateral, como son  el principio de la “igualdad jurídica de los Estados”, de “no intervención en los asuntos internos de los Estados” y el de “libre determinación de los pueblos” y como agravante adicional, en abierta violación a la Convención de Viena  sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 52 declara como nulo “…todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”, y se condena “solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad de consentimiento”; así como el acápite 4 del artículo 2 de la Carta Constitutiva de las ONU, que consigna como uno de sus principios fundamentales el que sus países miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. La OCDE rehúsa entender que el derecho internacional no se rige por estándares internacionales y menos cuando son hechos a la medida con el único propósito de beneficiar competitiva, económica y fiscalmente a sus países miembros.   El tan cacareado estándar OCDE  es solo eso, un estándar para ellos, y no puede ser impuesto a otro país. El presidente Juan Carlos Varela fue enfático al rechazar dicho estándar, que entre otras cosas obliga a los países a firmar a la carrera acuerdos tributarios con todos los países, sin poder tomar en cuenta el interés nacional lo que significaría entregarle a la OCDE nuestra soberanía fiscal y financiera. Fue claro al decir que Panamá, en ejercicio de su soberanía, se reserva el derecho de escoger con qué países firma, y de hacerlo como sería el intercambio de información, automático o a requerimiento, siempre pensando en el interés nacional y no en el interés de la OCDE.

Son preocupantes las amenazas de Pascal.  La primera cuando dice, cual profesor Jirafales, que a pesar de la recomendación del “grupo de revisión paritaria” para pasar a la fase 2, esto todavía no es seguro e insinúa que  el anuncio prematuro de Panamá puede que nos afecte por supuestamente haber roto reglas de confidencialidad que nadie conoce ni sabe dónde están. Este es otro problema que tiene la OCDE, pues no existen reglas claras de aplicación general sino que se van inventando y modificando a criterio de ellos, sin tomar en cuenta al resto de los países. La segunda es más grave aún, cuando dice que en caso de pasar a la fase 2,  para poder superarla, tendremos que firmar más tratados, como si el poder público, que es donde radica la soberanía, no emanara del pueblo panameño sino de él o de la OCDE, y tercera cuando dijo textualmente: “Entiendo que se espera que para el final de la fase 2 debería haber un acuerdo con Colombia si Panamá quiere reafirmar el progreso hecho”.  Prueba clara que la OCDE fue cómplice con Colombia cuando nos catalogó como “paraíso fiscal” y que hoy, más que ayer, el interés nacional nos indica que Panamá no debe seguir participando del Foro Global ni con la OCDE y exigir que la discusión de esta tema sea llevado a la ONU, como lo planteó el presidente Varela.

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