ABUSOS POLICIALES

Resulta evidente: Enrique Jaramillo Levi

Resulta evidente, en grado sumo, la continuada incapacidad que ha demostrado el actual gobierno de comprender la gravedad del perjuicio de muchos de sus hechos en el tejido frágil de la sociedad. Hechos constantemente generados por no pocas de sus propias acciones, torpes o interesadas. El diferendo entre el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, y quien era su jefe, el ministro de Seguridad José Raúl Mulino, es apenas el más reciente de los sacudones que se le han venido dando a la institucionalidad. Porque ya es un lugar común decir que casi no hay día en que no se desate en Panamá un sobresalto o un escándalo de algún tipo.

Obvio es que la actitud autoritaria y altanera del militar –un militar será siempre un militar–, quien estuvo con Noriega hasta el final aunque este se escondiera bajo las faldas del Vaticano durante la invasión norteamericana a nuestro país, viola la Constitución, al haberse tornado voz deliberante. Además, al públicamente desobedecer como subalterno al ministro e irrespetar lo ya decidido por el Consejo de Gabinete con respecto a la manera de ejercer medidas disciplinarias con policías que delinquen: eso que se llamó “Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria”, trabajo de 20 meses avalado por el Gabinete y que debía presentarse ya ante la Asamblea Nacional, pero que parece ser que por presión de Pérez se echará para atrás.

Que, posteriormente, el Presidente de la República lo haya apoyado en detrimento de Mulino –quien obviamente no era santo de la devoción de casi nadie en este país, pero que en este caso cumplía con su trabajo–, manda una pésima señal a la ciudadanía por lo que implica tal decisión: falta de acción disciplinaria contra Pérez, así como prepotencia y más impunidad de parte de la Policía Nacional. Aparte de que se sigue dando pie a una creciente militarización que comenzó en el gobierno anterior y que no solo se ha dejado avanzar en este, sino que parece estarse consolidando. Son varias las señales de alarma: la más sencilla es que dicen quienes saben que en no pocas instituciones del Gobierno laboran, con sueldos considerables, militares de la época de la dictadura con la mayor desfachatez. ¿Será verdad?

No pocos abogados y miembros idóneos de la sociedad civil consideran que los artículos 310 y 311 de la Constitución fueron flagrantemente violados por Pérez, como señaló el propio Mulino, al renunciar a su cargo mediante una carta dirigida al Presidente. En ella cita el 311: “Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la ley”.

El domingo 11 de marzo, mientras escribíamos este artículo, se supo que el Presidente removió de su cargo al frente de la Policía al militar. Muy bien. Menos mal. Aplausos. Pero hasta ahí, porque a renglón seguido lo premia nombrándolo al frente del Consejo de Seguridad del Estado, lo cual agrava más aún las cosas, pues para presidir dicho organismo la persona que lo haga debe ser de “reconocida probidad”, según señala el abogado Ernesto Cedeño al considerar que, por ese motivo, a su juicio, Pérez no podrá asumir fácilmente ese rol. Además de que debe haber un castigo por violar la Constitución, lo cual no puede tildarse como un simple “error”, imagínense a este señor espiando ahora a cuanta persona ose criticar los entuertos del régimen. Pero cuidado: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. O lo que es lo mismo: piensa mal de los políticos y los militares disfrazados de policías y acertarás. Entre otras razones porque “por sus obras los conoceréis”.

La ciudadanía está harta de la falta de acción disciplinaria o francamente penal en diversos casos en que ciertos policías han violado la ley o abusado de su fuerza; harta de indultos presidenciales para con esos delincuentes uniformados de verde-olivo guerrerista; harta de sus privilegios mal habidos; harta de la aplicación abusiva e inconstitucional del pele police y de retenes absurdos y coimeros a deshoras, que no hacen más que incomodar a las personas decentes que van o vienen de su trabajo, apremiadas como están por el tiempo que parece congelarse, fastidiadas por los tranques interminables en las principales vías de la ciudad.

La Policía Nacional no es un feudo aparte ni se autogobierna ni podemos permitirlo, mientras nos rija una Constitución buena o mala que así lo establezca. ¿Estamos o no en una democracia cuyas normas deben cumplirse?

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