OTRO ENFOQUE

El fraude de la Sala Quinta: Carlos M. Herrera Morán

Frente al polémico y convulsivo tema de la Sala Quinta, me he tomado el trabajo de seguir, en forma fiel y meticulosa, los diversos planteamientos que sobre este asunto de interés nacional han expresado, en distintos medios de comunicación social, algunos políticos, juristas, funcionarios públicos e, incluso, la ciudadanía en general, a través de encuestas de opinión pública, considerando –respetuosamente– que la gran mayoría no enfoca adecuadamente el problema de la denominada Sala Quinta.

A mi modo de ver, el verdadero problema del adefesio o mamotreto jurídico llamado Sala Quinta, al margen de que no discuto –políticamente– que busca, básicamente, la concentración de un poder excesivo y peligroso para el Presidente de la República, consiste en que es el producto de un sofisma y fraude procesal que, con otro propósito se comenzó a planear en 1992, para luego perfeccionarse a través de la sentencia de 27 de octubre de 1993 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, siendo el sustanciador de tal fallo el exmagistrado Arturo Hoyos, quien se ha atribuido la paternidad del “bicharraco jurídico” en cuestión (Debate Abierto, 30 de enero 2012), fraude y sofisma procesal que la Sala Tercera, repite en su sentencia de 31 de enero de 1994.

Es con fundamento en ese fraude y sofisma procesales, que una mayoría del pleno de la actual Corte Suprema pretende hacernos creer a todo el pueblo panameño que la Corte puede revivir o resucitar “legítimamente” a la derogada Sala Quinta, resolviendo favorablemente un recurso de inconstitucionalidad que tenía casi 10 años de haberse interpuesto, a pesar de que tal pretensión no es más que un artificio procesal, antijurídico, por cuanto las decisiones de la Corte Suprema no tienen efecto retroactivo (Art. 2573 del Código Judicial) y porque el camino para dividir la Corte en “salas” no es otro que a través de una ley promulgada por la Asamblea Nacional (Art. 37 del Código Civil). No hay “salas” ni leyes inderogables. Ahora bien, valga preguntar: ¿Cómo fue que el sustanciador Hoyos hizo el malabarismo procesal de hacer creer que la resucitación de una ley derogada podía surgir, automáticamente, al declararse inconstitucional la ley que la derogó?

Muy sencillo. El sustanciador Hoyos invocó en la sentencia de 27 de octubre de 1993 la obra del constitucionalista español Luis María Diez-Picazo, denominada La derogación de las Leyes, pero lo hizo con un amañamiento impropio de un administrador de justicia, pues en la cita que hizo en el mencionado fallo (27/1071997), página 251 de la obra mencionada, suprimió más de nueve renglones para que no se viera la parte sustantiva que surge del artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, según el cual la declaración de inconstitucionalidad de la ley conlleva su nulidad, que es un sistema procesal distinto del que rige en Panamá. En nuestro sistema jurídico la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal no produce efectos retroactivos (Art. 2573 del Código Judicial).

Con ese acto de falta de fidelidad en la cita antes mencionada, el exmagistrado Hoyos le atribuyó a ciertas sentencias de inconstitucionalidad de la ley un supuesto efecto hacia el pasado (ex–tunc), que en nuestro sistema jurídico no existe como en España, colocando esas sentencias por encima de la Constitución y de las leyes de la República, conociendo que en nuestro país se sigue el sistema “kelseniano”, como anota el mismo autor español en la página 250 de su obra; lo que hizo el exmagistrado Hoyos, a pesar de que tenía esta información a mano y había intervenido en la doctrina constitucional de 4 de junio de 1991 del pleno de la Corte, que señala: “cuando se declara que una norma legal es inconstitucional la deroga constitucionalmente”, sin que haya nulidad de ninguna clase, como en España.

Por eso es que el suscrito no puede aceptar que un grupo de ocho personas, a título de magistrados en su mayoría suplentes, igual a lo que hizo la Sala Tercera, se haya colocado por encima de la Constitución y de las leyes de la República, con una aplicación indirecta e indebida de la ley española en Panamá, y con amañamiento de su doctrina, nos vengan con la fábula de una Sala Quinta que en el fondo es producto de tal artificio, con el contrasentido de que esta sentencia de inconstitucionalidad produce, al mismo tiempo, efectos hacia el futuro (ex-nunc) y efectos hacia el pasado (ex-tunc), como quien en un medicamento –figurativamente hablando– puede mezclar al mismo tiempo Peptobismol y limonada purgante. Con este supuesto remedio de la Sala Quinta, lo menos que podemos esperar los panameños es una epilepsia social.

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