ADMINISTRADOR DE LA ACP

Sangre canalera: Franklin Castrellón

El título de este artículo solo lo comprenden quienes han estado estrechamente vinculados con el Canal de Panamá. Trabajé por más de 26 años en la antigua Comisión del Canal desde que era Compañía/Gobierno bajo administración estadounidense y participé en forma directa en la lucha por un nuevo tratado y, después, por su correcta implementación. Como diría en una ocasión Fernando Manfredo, Jr., subadministrador y administrador interino del Canal, la lucha no terminaba con la aprobación del tratado.

Por eso entiendo muy bien cuando el recién designado administrador de la ACP, Jorge Quijano, declaró a Wilfredo Jordán (La Prensa, 11 de marzo de 2012), “siento al Canal como parte de mi familia”. Cuando uno se vincula con el Canal por tantos años (Quijano lleva más de 36), termina sintiendo los éxitos y problemas del Canal como propios. Se produce una especie de “transfusión” de sangre canalera.

Cuando algunos medios interrumpieron sus transmisiones para dar la noticia de que la junta directiva de la ACP había designado a Quijano como el próximo administrador de la ACP, escuché a muchas personas elogiar la decisión, dada su gran experiencia e indiscutibles méritos profesionales y personales. También escuché, afortunadamente, a muy pocos, criticar la decisión por el “apellido”, como si ello tuviera alguna relevancia en una entidad en donde lo que cuenta son los méritos.

Entonces sentí, por enésima vez, que en Panamá urge modernizar la educación, no solo para que todos nuestros conciudadanos adquieran la capacidad para desarrollar valores superiores, sino para entender principios fundamentales en el éxito de una empresa pública como son la meritocracia, la transparencia, la rendición de cuentas y un profundo sentido de responsabilidad hacia el resto del país.

El episodio me hizo recordar una experiencia que tuve cuando, luego de jubilarme de la Comisión del Canal, a fines de 1998, ingresé a colaborar, en 1999, en calidad de asesor en comunicación con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras. A solicitud, concedí cita a una funcionaria que me transmitió su malestar por estar siendo acosada por un superior abusivo. Me recalcó que ella era miembro del gobernante PRD. Le respondí que no me interesaba a qué partido pertenecía. Y le expliqué que en la institución de donde yo provenía, jamás se le preguntaba a nadie a qué partido político pertenecía; “lo que importa son los méritos personales y profesionales en el ejercicio del cargo”. “Puedes ser PRD, panameñista o comunista, y para mí eso no tiene ningún valor. Lo que me importa es que seas responsable y eficiente en tu trabajo, y tengo informes de que satisfaces a plenitud ambos requisitos”, le dije. Acto seguido llamé al superior jerárquico para escuchar su versión y una vez cumplido este paso, procedí a tomar los correctivos.

La comparación es pertinente, porque ilustra los dos mundos en los que se desenvuelve la administración pública panameña. Por un lado, tenemos a una institución (ACP) que se rige por normas propias del primer mundo y, por el otro, al resto del Gobierno, en donde no importan los méritos. Basta con ser miembro del partido gobernante para que puedas hacer o dejar de hacer. Tampoco hay incentivos al desempeño; el resultado es una burocracia con altos índices de ineficiencia y corrupción.

La sangre canalera que recibimos durante nuestra trayectoria por esa gran empresa, nos lleva con frecuencia a defenderla de los injustos ataques de personas que lo hacen por ignorancia o porque les negaron algún favor. Recuerdo la reacción de un activista de la sociedad civil que luchaba para que se prohibiese el transporte de carga radiactiva por el Canal, cuando escribí un artículo oponiéndome a ello, a menos que la Organización Marítima Internacional y la Agencia International de Energía Atómica decidieran prohibir el transporte de carga radiactiva. Apuntaba que había cargas aun más peligrosas que pasan por el Canal, cuyo embalaje y transporte se rigen por rigurosas normas de ambas agencias.

Alegaba, entonces que, en virtud del Tratado de Neutralidad, ni la Comisión del Canal ni Panamá podían prohibir unilateralmente el tránsito de cargas que, aunque peligrosas, cumplen las citadas normas internacionales. Y la respuesta que recibí del activista fue que yo actuaba de esa manera, porque “había sido empleado del Canal”. Estimo que quienes hemos trabajado en el Canal de Panamá tenemos la responsabilidad de criticarlo cuando nos enteremos de fallas en su manejo, y de defenderlo cuando está en riesgo su autonomía o es víctima de ataques injustos o injustificados.

Fue conforme a esa posición que escribí varios artículos en los que me hacía eco de temores en la comunidad marítima de que el Ejecutivo podría intentar extender su control al Canal de Panamá. Hoy debo reconocer que el Gobierno ha respetado la autonomía de la ACP. Y que su junta directiva ha actuado con responsabilidad al designar, oportunamente, a un panameño con sangre canalera para que reemplace a Alberto Alemán Zubieta en la conducción de esa ejemplar institución en un momento histórico, pleno de retos y oportunidades. Estoy seguro que Quijano y su equipo no nos defraudarán.

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