PROPUESTA PEDAGÓGICA

Seguridad ciudadana y justicia de paz: Magaly Jannet Castillo C.

Somos conscientes de que tenemos un serio problema de violencia e inseguridad ciudadana en Panamá, y es un hecho que necesitamos una política inteligente para enfrentarlo. Una política que incluya cambios en la forma como atendemos los conflictos vecinales y comunitarios. La tendencia moderna se dirige a fortalecer a las autoridades locales y propiciar el funcionamiento de un sistema integral y descentralizado, que priorice en la prevención de la violencia y en modernizar las instituciones que atienden los conflictos.

Esta modernización del sistema parte por reconocer que los problemas de violencia y los delitos menores tienen un fuerte impacto en los barrios; por lo tanto, la primera respuesta debe surgir de estos espacios comunitarios o locales, donde los gobiernos locales y organizaciones comunitarias deben ser actores fundamentales.

Se trata de transferir a los municipios las competencias de seguridad ciudadana para la prevención de la violencia y, al mismo tiempo, otorgar poder de decisión, asignar recursos y mejorar la capacidad administrativa y de gestión de los gobiernos locales. Si queremos menos violencia, hay que crear espacios para que la gente aprenda a comunicarse y a convivir de forma inteligente y constructiva.

Desde el 2005, como resultado del Pacto de Estado por la Justicia y la Concertación Nacional para el Desarrollo, se acordó abolir la figura de los corregidores y jueces nocturnos y, crear la “justicia comunitaria de paz”. El proyecto de ley que crea esta figura se discute en segundo debate en la Asamblea Nacional.

La nueva justicia de paz funcionaría en centros o instalaciones, llamadas Casas de Justicia, con un juez y mediadores comunitarios en todos los corregimientos del país, para la atención de los conflictos menores, lo que permitirá manejar y prevenir la aparición de nuevos conflictos y disminuir los niveles de conflictividad.

Se propone que los jueces de paz sean profesionales del derecho en las áreas urbanas, pero podrán ser personas sin título universitario en las zonas rurales y semiurbanas; en ambos casos deben contar con reconocido prestigio en sus comunidades, y solo podrían ser removidos por faltas previstas en la ley, y no por motivos políticos. Todos deberán recibir una capacitación o inducción previa y continuada sobre derechos humanos, ética, transparencia, métodos pacíficos de resolución de conflictos y funcionamiento de la nueva justicia. La propuesta supone la despolitización de la justicia comunitaria; es decir, fijar un mecanismo transparente y participativo de escogencia de los jueces de paz, en el que se tome en cuenta no solo el perfil académico, sino ético.

La nueva justicia de paz no estaría adscrita al Órgano Judicial, ya que de lo que se trata es de desjudicializar los conflictos comunitarios, priorizar por su resolución pacífica e involucrar a la comunidad y a los municipios en la búsqueda de soluciones a sus problemas; además de enmarcarse en el proceso de descentralización y fortalecimiento del Estado. Esta nueva justicia deja a un lado los formalismos judiciales, el excesivo legalismo y se inclina por la equidad, la mediación y  la conciliación.

El país necesita una justicia más apegada a los valores democráticos, que priorice por la prevención y el diálogo en las comunidades, sobre todo, en momentos en que somos testigos de tanta violencia, intolerancia y conflictividad. Esta nueva forma de justicia comunitaria constituye una propuesta pedagógica para la paz.

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