GOBIERNO

Seguridad humana y seguridad jurídica: Carmen Antony

La seguridad humana es un concepto desarrollado por el Programa de Naciones Unidas en su informe sobre Desarrollo Humano de 1994; incluye diferentes dimensiones que abarcan desde la seguridad en el ámbito público y ámbito privado, hasta la alimentaria, económica, educativa, sanitaria, ambiental, democrática y la seguridad jurídica. Este concepto coloca al ser humano como el centro de las acciones para reducir las amenazas que restringen el desarrollo de capacidades y el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo. La seguridad humana en Panamá pasa una de sus peores crisis. Es un tema que genera profunda preocupación y frente al que debemos manifestar nuestra alerta. En efecto, notamos la ruptura de la independencia de los poderes del Estado, reflejada en las múltiples intervenciones del Ejecutivo en instancias como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Tribunal Electoral. Estamos en un déficit institucional que afianza un régimen autocrático, muy peligroso, y que atenta contra la institucionalidad democrática.

¿Cómo se atenta contra la seguridad jurídica? La seguridad jurídica en un sentido integral cubre los derechos humanos y se contempla en nuestra Carta Magna que ordena la protección la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Sin embargo, estamos frente a las amenazas y atentados a la sociedad. Véase la forma represiva e innecesaria empleada contra nuestros indígenas, que dejó lesiones y detenciones arbitrarias, además de vejámenes sexuales a sus mujeres, muestra del irrespeto a su dignidad humana

Pero, además, cotidianamente se viola el derecho a la privacidad manifestado en las intervenciones telefónicas, el derecho a la comunicación evidenciado en la restricción y cierre de las comunicaciones telefónicas, a la libertad de expresión, a la no discriminación, a reunión, derechos todos consagrados en nuestra Constitución Política. Estas situaciones, sumadas a muchas otras, provocan un sentimiento de inseguridad jurídica y generan desconfianza en la justicia, que no es accesible, gratuita ni imparcial. Una justicia que no es igualitaria para todos los ciudadanos, que está bajo la mordaza del poder autocrático.

Panamá está presidida hoy por un gobierno absolutista que atropella la democracia y gobierna solo para el poder económico. Nuestra sociedad se siente violentada por el irrespeto a los derechos humanos y, particularmente, por la inseguridad jurídica en que estamos inmersos, lo que impide el cabal cumplimiento de las garantías constitucionales. La falta de respuesta institucional, que niega el diálogo con la sociedad civil, restringe la protección del sistema democrático. Esto se refleja en la frase de un vocero del Gobierno que achaca lo que está sucediendo a “una canibalización de la oposición”, evidencia de la total ausencia del consenso. No señor personero, no somos caníbales, somos todos ciudadanos a quienes se nos han vulnerado nuestros derechos humanos y que queremos un Panamá mejor.

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