ESTRÉS LABORAL

Servidores públicos: Nelson Caballero Díaz

Aprendí en las aulas universitarias que la administración pública tiene como objetivo promover el desarrollo de una sociedad política, justa, libre, democrática y que permita la seguridad y estabilidad de los funcionarios al servicio del Estado. No obstante, para lograr estos objetivos y metas se requiere que estén protegidos por normas de forzoso cumplimiento, que garanticen su profesionalidad, salvaguardando su imparcialidad y objetividad.

En especial, el gobierno de turno debe dejar a un lado “los vicios nocivos” que atentan contra los principios de permanencia, estabilidad e inamovilidad del funcionario que no comparta la “línea” del partido en el poder.

La necesidad de establecer una política de personal en el sector gobierno debe repensarse radicalmente. En el Título XI de la Constitución Política y en la ley que desarrolla la carrera administrativa, se establecen normas relacionadas con los recursos humanos al servicio del Estado.

Sin embargo, estas disposiciones legales que deben garantizar la estabilidad y la inamovilidad del funcionario dentro de normas que regulen un auténtico sistema de méritos, constituyen “letra muerta” cuando observamos cómo se les somete a un “estrés laboral” que ocasiona graves perjuicios para su salud física y mental, además de impedir el eficiente desempeño en condiciones dignas y justas.

Tengo en mi “tintero” cientos de casos de servidores públicos que fueron destituidos de manera ilegal. Se ha aplicado de forma irracional y temeraria aquel concepto de “funcionario de libre nombramiento y remoción” que legaliza destituciones arbitrarias e injustas y que no admiten reconsideración ante la autoridad nominadora que hizo efectiva su destitución. Es fácil deducir que no está amparado por una clara política de personal en el servicio público, en consecuencia, no tiene protección de ninguna naturaleza.

Es fundamental generar un instrumento jurídico, tal vez una ley del servicio profesional de carrera en la administración pública que la regule, al igual que la estabilidad de los recursos humanos al servicio del Estado. Deben ser normas claras y transparentes, para que se eliminen, de una vez por todas, las prácticas nocivas y hasta corruptas, como el nepotismo, el compadrazgo, el clientelismo político y otros vicios que han impedido el desarrollo de una cultural laboral, con filosofía de servicio, que permita que los funcionarios responsables, honestos y eficientes gocen de estabilidad sin temor a represalias políticas o personales.

En las últimas semanas se han realizado destituciones de funcionarios, inclusive algunos de sus dirigentes gremiales, por el solo hecho de expresar inquietudes, luchar por intereses de los trabajadores o emitir públicamente críticas al actual gobierno, lo que implica, sin duda, la falta de tolerancia política. Este es precisamente el tema motivo del presente artículo, el funcionario está desprotegido y con el paso de los meses, al acercarse el punto álgido de la campaña electoral, el “estrés laboral” será más difícil de manejar. En resumen, la profesionalización de los servidores públicos, brindarles protección y estabilidad laboral, favorece el óptimo desarrollo del aparato gubernamental, lo que genera beneficios sociales, fortalece la administración del Estado y la prestación eficaz, eficiente del servicio hacia el bien común, lo cual genera confianza. Realmente, es un gran reto que tenemos por delante si queremos una gestión eficiente, responsable y transparente.

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