PRÓXIMA APLICACIÓN

El Sistema Penal Acusatorio: Iván Javier Estribí Del Pino

El Sistema Penal Acusatorio introducido en nuestro país mediante Ley No. 63 de 2008 destaca, principalmente, porque es simultáneamente adversarial, oral y público, y se ha vendido mucho más rápido que el sistema penal actual. Por este motivo surgen expectativas sobre si es bueno, si su aplicación es costosa o si los intervinientes, Órgano Judicial, Ministerio Público y abogados, en general, estamos capacitados para responder al mismo.

Dentro de varias de las consecuencias que produce la implementación de este sistema, como el que se incorporó en Colombia a partir del marco constitucional de 2002, se percibe como connatural la necesidad de que se desarrolle en audiencias públicas, de manera rápida y concentrada la investigación y el juzgamiento.

A través de la Ley No. 63 de 2008, Gaceta Oficial No. 26114 de 29 de agosto de 2008, se adoptó en la República de Panamá un nuevo Código Procesal Penal que asimila a su estructura normativa, los valores, reglas y principios del sistema acusatorio y la Ley 48 de 1 de septiembre de 2009, que modifica artículos del Código Procesal Penal. La implementación progresiva empezará en el segundo distrito judicial, de Coclé y Veraguas, el próximo 2 de septiembre de 2011, al igual que los procesos de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal y en el pleno; en el Cuarto Distrito Judicial de Herrera y Los Santos, el 2 de septiembre de 2012; en el Tercer Distrito Judicial Chiriquí y Bocas del Toro, a partir del 2 de septiembre de 2013 y en el Primer Distrito Judicial, Panamá, Colón y Guna Yala, el 2 de septiembre de 2014. Todo esto en un plazo de cuatro años y, sobre todo, teniendo en cuenta la parte presupuestaria del Estado y la capacitación del personal humano.

La verdad es que fuera de los operarios del Sistema Judicial Penal, poco se ha hablado sobre cómo un litigante debe llevar un caso, cómo debe analizarlo y, especialmente, cómo debe preparar sus estrategias para hacer una eficaz y eficiente defensa de los intereses de su patrocinado.

Algunos aspectos surgen cuando se discute el tema, por ejemplo, si el sistema oral proviene de los sistemas anglosajones y pretende ser una copia simple del sistema penal norteamericano. Sin embargo, si hacemos un análisis retrospectivo, fácilmente se puede advertir que todos los sistemas jurídicos penales de Latinoamérica han sido orales, una costumbre desde los tiempos de la corona española.

La actividad de juzgar debe ser lo más objetiva posible; resultaba imposible realizar los juicios sin dos elementos fundamentales: la oralidad y la inmediación.

En cuanto a los principios que rigen el nuevo modelo penal, también está el principio de concentración que significa que las actuaciones y las pruebas ocurran en un mismo tiempo o, por lo menos, de manera sucesiva.

Continuando con el análisis de los principios del nuevo sistema, veremos que también es público, situación que no resulta ajena ni a los sistemas originales de nuestra tierra ni, por cierto, a los sistemas continentales europeos, pues si analizamos los sistemas penales de Grecia o Roma, veremos que ellos también realizaban sus juicios de manera pública.

Obviamente, de lo anterior se desprende que público o secreto no tiene relación alguna con inquisitivo o acusatorio ni con oral o escrito, de manera que confundir lo escrito con lo inquisitivo o lo público con lo acusatorio implica no reconocer el alcance de cada principio ni su contenido.

En la primera mitad del siglo XX, nacen las convenciones de derechos humanos en las que se plasman estos sistemas y los derechos de las víctimas, por ejemplo, la supresión de la tortura como medio para obtener la confesión o, tal vez, el cambio en las penas o los tipos penales aplicables, pero el proceso en sí, a pesar de ser de un corte más inquisitivo, resultaba muy similar al actual.

El nuevo sistema penal acusatorio, implementado por ley en el año 2008, pero postergado por falta de recursos, aún desata controversias en torno a si es bueno, si su aplicación es muy onerosa o si estamos capacitados para responder al mismo.

Al margen de dichos cuestionamientos, poco se ha profundizado o hablado de cómo debe cualquier litigante –incluyo aquí a los ministerios públicos y defensores de oficio, ya que por ser adversarial quedan en igual rango que los abogados– llevar un caso desde el momento en que lo toma, cómo debe analizarlo y, especialmente, cómo debe preparar sus estrategias para poder llevarlo al mejor fin, sea cual sea y dependiendo de su función.

Finalmente, con el nuevo Sistema Acusatorio es posible negociar todo. Se aproxima mucho más a un sistema de justicia penal auto-compositivo y se introduce en el modelo de investigación, haciendo que éste sea más ágil, proactivo, interdisciplinario, especializado y estratégico.

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