ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sistema penal acusatorio, ¿implementación o posposición?: Luis Carlos Herrera M.

Es preocupante ver, en todos los noticieros, la cantidad impresionante de acciones delictivas, de crímenes, asaltos, robos, etc. Esto hace del tema justicia una prioridad ciudadana, y demanda del Estado la adopción de un sistema que nos permita obtener resultados, en forma rápida y eficiente. Es decir, que en poco tiempo tengamos certeza de castigo, sin que importe el tipo de delito ni de dónde provenga.

El sistema inquisitivo está en crisis y no es funcional. La realidad social lo sobrepasó, por eso urge una reforma total y adoptar uno nuevo que dé cuentas frente a la demanda ciudadana. Con esto me refiero a la aplicación del sistema penal acusatorio, entre cuyas virtudes está la efectividad y prontitud con la que se obtiene un resultado, frente a cualquiera denuncia. Ejemplo de esto lo tenemos en el caso del exgobernador de la provincia de Coclé Darío Fernández que, aunque muy complejo, ya fue resuelto. De igual manera ocurrió, hace poco, con la contaminación del río La Villa y la rapidez con la que el Ministerio Público dio respuesta a la sociedad.

El Estado tiene en sus manos una oportunidad de oro para impulsar la puesta en práctica del nuevo sistema en el resto de las provincias. Para ello hay que hacer ajustes presupuestarios. Me preocupa cuando se hacen recortes en este aspecto, porque el principal pilar que sostiene el orden social, es la garantía de que la ley se imparte con justicia y que si bien hay desigualdades en diversos ámbitos (sociales, económicos, etc.), en derecho todos somos iguales.

Confío, como ciudadano, que el Estado entenderá que es indispensable la implementación del sistema penal acusatorio. No solo por ser más garantista, sino porque los resultados logrados en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos demuestran que las denuncias se resuelven en mucho menor tiempo. Además, el país no debe continuar con dos sistemas de justicia.

La guerra contra la criminalidad no solo requiere de prevención, represión y castigo, sino de la garantía de justicia. En el sistema inquisitivo, que aún tenemos en el Primer y Tercer Distrito Judicial, hay casos cuyos procesos, dependiendo el tipo de denuncia, pueden demorar entre cuatro meses y varios años.

Con el sistema penal acusatorio, según los datos estadísticos del Ministerio Público (enero y noviembre 2013), en el Segundo Distrito Judicial la resolución de los casos dura 99 días en promedio, y en Cuarto Distrito Judicial, 84 días.

Su aplicación dependerá de muchas cosas, sobre todo del aspecto económico y de la voluntad política. Sin embargo, mantengo la fe, en que no volveré a escuchar, “se pospone la implementación”.

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