ASISTENCIA SOCIAL

Subsidio en Panamá: solución o condena: Ninotshka Tam

La experiencia exitosa de otros países latinoamericanos confirma que a través de adecuados programas sociales se puede reducir la pobreza de manera considerable. Sin embargo, para esto se requiere que el gasto social, y en particular los subsidios, cumpla dos fines fundamentales.

A saber: deben ser eficientes, es decir, que la inversión llegue de forma directa a los que más necesitan la ayuda; el segundo aspecto tiene que ver con la eficacia y se trata de que estas inversiones mejoren permanentemente la capacidad de la gente y beneficien a la población de menor ingreso. Más aun, uno de los aspectos fundamentales para evaluar la conveniencia de instaurar programas sociales implica el reconocimiento de cierta realidad política. Entre la mayoría de las naciones latinoamericanas, incluyendo Panamá, resulta un hecho que los programas de subsidio presentan un carácter irreversible, es decir, una vez se inician difícilmente se suspenden, como consecuencia del temor de los respectivos gobiernos a perder simpatía política y por la resistencia de la población de prescindir de dicha asistencia.

En Panamá se viene aplicando un conjunto importante de programa de ayudas que entre otros incluye subsidios al gas (cilindros de 25 lb), al transporte público, la electricidad y la adquisición de viviendas. Un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas (2010) plantea interrogantes respecto de la aplicación de los señalados subsidios. En el caso de la electricidad se invierten anualmente unos $75 millones y se determinó que las familias que reciben entre $200 y $1,000 mensuales recibieron 45% de estos fondos; de entre $1,000 a $1,500, un 16%, y entre $1,500 y $2,500, un 13.8%.

Sin embargo, también se identificó que solamente un 7.5% se destinó a viviendas cuyos ingresos están por debajo de los $200 mensuales, y que, increíblemente, un 7% de este total benefició a familias cuyos ingresos oscilan entre $2,500 a $5,000. Lo anterior corrobora que buena parte de los subsidios beneficia a hogares cuyos ingresos son altos y que no lo requieren, mientras que otro porcentaje minúsculo de hogares de bajos ingresos en efecto recibe estos fondos.

En cuanto al tanque de gas, el estudio señala que el Estado invirtió $85 millones. Como se sabe, la mayor concentración de pobreza yace entre las comunidades no urbanas. No obstante, un 56% del señalado monto fue destinado a la provincia de Panamá, en contraste con un porcentaje minoritario que benefició a las poblaciones rurales indígenas.

Esto en virtud de dos razones fundamentales. En primer lugar porque las mismas utilizan otras fuentes de energía (como leña), en segundo lugar por las dificultades inherentes a la transportación hacia y desde los centros de distribución y el traslado de los “tanquecitos”.

En cuanto a los intereses preferenciales otorgados con el propósito de subsidiar la compra de viviendas de bajo costo, se estima que se invirtieron ese año $80 millones, de los cuales un 75% benefició a familias que residen en áreas urbanas.

Otro estudio señala que un porcentaje minúsculo de este programa benefició a familias de bajos ingresos, en vista de que una de las condiciones que exigen los bancos para otorgar un préstamo (más que el subsidio a los intereses) es que la familia goce de ingresos estables, lo cual excluye a un gran porcentaje de informales y personas pobres.

En cuanto al transporte se invirtieron $10.6 millones, los cuales igualmente beneficiaron a las poblaciones urbanas y suburbanas (ciudad de Panamá, Arraiján, La Chorrera). Todo esto nos lleva a la conclusión de que los programas deben ajustarse progresivamente para reenfocar la aplicación de estos subsidios. En segundo lugar, debe evaluarse muy cuidadosamente la viabilidad y conveniencia de iniciar nuevos planes de esta naturaleza.

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