EFECTOS EN EL MERCADO

Subsidios eléctricos y ahorro fiscal: Andrés L. Guillén

El futuro del subsidio eléctrico con la posibilidad de un aumento en la tarifa sigue sin definirse, aunque el gobierno contempla, como medida fiscal paliativa, reducir el número de beneficiarios, limitándolos a los de bajo consumo (hasta 200 kilovatios mensuales o al 58% de las familias del país), para así disminuir ese pago que rondaría los $475 millones para 2014, muy por encima de lo presupuestado ($165 millones). Ese ahorro fiscal, todavía por cuantificar, tendría un costo mayor para todos, como veremos más adelante.

En un artículo anterior (La Prensa, 25/08/2014) se explicó que cuando se reabrió el sector energético al capital privado en 1997, después de 25 años de monopolio estatal, la generación de electricidad pasó a manos de un número plural (actualmente 24) de empresas, la mayoría hidroeléctricas de menor escala (10 megavatios). No así AES Panamá S.A. (de capital norteamericano) ni ENEL Fortuna S.A., ambas hidroeléctricas que suplen el 50% de la generación total. Otra generadora grande (produce 465 megavatios), dueña de Bahía Las Minas Corp. (utiliza carbón y diésel), Central Termoeléctrica Cativá (diésel) y del Complejo Eléctrico Dos Mares (hidroeléctrico), es la francesa GDF-Suez, que acaba de vender sus activos a la colombiana Grupo Argos S.A.

En total son 24 generadoras que compiten entre sí para vender electricidad a las distribuidoras, en un mercado mayorista regulado por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), supervisado por su Centro Nacional de Despacho, donde se negocian contratos fijos a largo plazo y otros en el mercado ocasional (spot) para “energía excedente no contratada”, causa de las mayores alzas en el precio de electricidad, sobre todo en épocas secas.

El modelo actual, compuesto por un sistema interconectado nacional de generación, transmisión y distribución eléctrica, hace de estos tres componentes la base de la tarifa eléctrica. Para evitar alzas, el gobierno paga subsidios a las distribuidoras cuando negocian sus contratos por debajo del precio de venta al por menor en el referido mercado mayorista.

En ese modelo, el costo mayor en la tarifa viene de la generación (65%) mientras que la distribución aporta el 33% y la transmisión el 2%, lo que supone que si existe una producción eficiente con una mayor oferta en relación a la demanda, deberían bajar los precios de electricidad (potencia firme y energía) sin necesidad de recurrir a subsidios.

En el “hub energético” local, muy pocas empresas (las tres mencionadas) generan la mayoría de la energía y pueden controlar esos precios sin competencia real, creando un sistema de competitividad ineficiente. Las instituciones estatales, especialmente el ente rector del sector de energía (Secretaría Nacional de Energía) y Etesa, tienen la responsabilidad de garantizar la libertad de competencia entre las generadoras. Todo esto indica que el precio de la electricidad no se resuelve solo con subsidios a las distribuidoras (Edemet-Edechi y Ensa-Elektra Nordeste), sino con la estabilidad en los costos de producción que antes de privatizar el IRHE eran estables, y desde entonces han ido en aumento.

El ahorro fiscal propuesto aumentaría la tarifa para los mayores consumidores (sector comercial con 45.6% y el industrial con 6.78%) con un alza general en los precios de productos y servicios, lo que afectaría a toda la población, en especial a la de menor ingreso.

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