INTEGRACIÓN SOCIAL

Subsidios y pobreza: Carlos Bellido

En Panamá, la pobreza y pobreza extrema se concentran tanto en las áreas rurales como en las áreas indígenas, donde la mayor parte de su población es afectada por esta última condición. No obstante, la pobreza urbana alcanza niveles preocupantes y mayores a los de las áreas rurales e indígenas. La diferencia radica en que la pobreza urbana es básicamente pobreza de ingreso, mientras que la pobreza rural e indígena va más allá, y presenta carencias que dificultan la supervivencia humana.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el índice de pobreza en Panamá cayó de 33.4% en 2009 a 29.8% en 2010, estos se explica en parte por la aplicación de diversos programas sociales promovidos por el Estado a partir de 2008, orientados principalmente a los grupos más vulnerables.

Entre los programas sociales más importantes están la Red de Oportunidades (que beneficia a cerca de 357 mil personas en condición de pobreza extrema), el Programa 100 a los 70 (que consiste en la entrega de 100 dólares mensuales a las personas mayores de 70 años de edad sin jubilación ni pensiones), la Beca Universal (otorgamiento de 180 dólares anuales a los estudiantes), y el bono escolar (bono para la compra de uniformes y entrega de libros y útiles escolares de manera gratuita). Se estima que el Estado panameño gasta más de mil millones de dólares en este tipo de programas y en otros subsidios económicos (gas licuado, diésel al transporte público, energía eléctrica y viviendas de interés social).

Las políticas sociales de lucha contra la pobreza han ido cambiando de visión a través del tiempo, cambiando el tradicional enfoque centrado en la supervivencia de las personas a través de la atención a sus necesidades materiales básicas (requerimientos calóricos y nutricionales), por una visión más integral, que no solo busca cubrir las necesidades básicas de los individuos, sino que se persigue su integración social al aparato productivo.

Esta integración social requiere de estrategias de intervención eficientes y un esfuerzo de políticas sociales multisectoriales, con objetivos claros y la aplicación de instrumentos contra la pobreza, orientados a mejorar el desarrollo social integral, incluyendo el alivio de la pobreza y fomentando el desarrollo de capital humano de la población.

La discusión se centra en la sostenibilidad e irreversibilidad de estos programas sociales. En principio, los programas sociales para reducir la pobreza no pueden disminuirla de manera definitiva, pues esto solo se logrará cuando los actuales pobres puedan tener un desarrollo humano digno y puedan integrarse al aparato productivo del país. En virtud de esta argumentación, algunos de estos programas deben ser de carácter transitorio y no permanente, ya que pueden provocar, a mediano y largo plazo, desequilibrios macroeconómicos, financieros y fiscales que pueden generar mayor pobreza.

Existen algunas políticas clave para reducir la pobreza de manera sostenible e irreversible. Aunque no son las únicas, el acceso a una educación de calidad y el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de nutrición de la población se deben constituir en los pilares básicos del desarrollo nacional y, por ende, en mecanismos de reducción de pobreza.

Un buen nivel de educación ha sido siempre un factor importante en la actuación económica de los individuos y en la gestión de desarrollo de las naciones. Todo Gobierno interesado en reducir la pobreza debe apostar a la educación porque esta contribuye a incrementar el crecimiento económico y mejora el nivel de capital humano, que a su vez, mejora la distribución del ingreso. La buena salud se constituye en un componente clave del bienestar, por consiguiente, la prestación de servicios de salud es un medio que el Gobierno tiene a su disposición para mejorar la situación de los pobres. Aunque esto no sirva para crear oportunidades de mejores ingresos, sí ayuda a incrementar la productividad y la capacidad de aprendizaje de las personas. Por consiguiente, los gastos en salud pueden justificarse, porque mejoran la situación de los pobres e incrementan su potencial de ingresos.

El Estado panameño debe revisar su estrategia de subsidios a programas sociales, orientándolos principalmente a mejorar la calidad de vida de los panameños desde los primeros años de vida, a través de una mejor educación, nutrición y salud. Es reconocido que la salud en la infancia y juventud temprana tienen un importante impacto sobre el nivel de vida futuro de las personas. Estos son programas sociales que realmente pueden eliminar las trampas de pobreza de forma duradera y sostenible.

Si hay un interés real por reducir la pobreza en Panamá, yo le recomendaría al Gobierno dar prioridad a la inversión de mayores recursos en programas de alimentación escolar, infraestructura y equipo adecuado para las escuelas y colegios, mayores centros y subcentros de salud para la atención gratuita de los niños, medicamentos gratuitos y todos aquellos programas que contribuyan al desarrollo integral del niño panameño.

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Cortesía/Sinaproc

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"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

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