PERFIL DE LOS MAGISTRADOS

El abc de la Corte Suprema de Justicia: Regina Sofía Liakopulos Araúz

Para analizar lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), primero debemos describir sus funciones. Esta institución forma parte de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, y tiene autoridad en toda la República. Está compuesta por cuatro salas: Civil, Penal, Contencioso Administrativo y de Negocios Generales.

Según determina la Constitución, la CSJ la integran nueve magistrados, elegidos de forma escalonada por un período de 10 años, mediante un acuerdo de Gabinete y con la aprobación del Órgano Legislativo. La Constitución detalla ciertos requisitos para ese cargo: Ser panameño por nacimiento, tener 35 años de edad, hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser graduado de derecho y haber ejercido esa la profesión durante 10 años.

Sin embargo, considero que estas características no deberían ser las únicas a tomarse en cuenta para la designación de los magistrados, porque ellos son los pilares del sistema judicial. Si solo nos guiáramos por lo que estipula la Constitución, aplicarían muchos más aspirantes de los que en realidad están calificados para el cargo.

Los ciudadanos, como miembros de una sociedad responsable e involucrada, tenemos el derecho a exigir una conducta intachable por parte de todas las personas que ejerzan funciones judiciales. Estos requerimientos se deben fortalecer y dejar muy claros en una nueva Constitución. Pero hasta que eso no ocurra, podemos exigir que se respete al pueblo panameño, sometiendo al escrutinio público el perfil de todos los aspirantes.

Reitero, debemos ser meticulosos a la hora de que se designe a los nuevos magistrados de la CSJ y asegurarnos de que sean personas íntegras, tanto en su vida profesional como personal, para que no quede duda alguna de su conducta ética.

Pidamos que se nos abran las puertas y retomemos la intervención ciudadana, como se hizo una vez con la comisión del Colegio de Abogados, donde se recibía la hoja de vida de los posibles magistrados, que eran revisadas para luego, si se tenía alguna información que deshabilitaba o comprometía a alguno de ellos, poder informar y hacer las salvedades al respecto.

Considero que lo que sucede ahora en la CSJ ha traído dos cosas importantes para el país: despertó al pueblo y se perdió el miedo a actuar. Ahora tenemos una sociedad civil consciente, más organizada y preocupada por lo que sucede en la administración de justicia. Además, no pudo quedar más claro la necesidad de que se modifique la Ley 55 de 1999, que regula la declaración patrimonial de bienes de las personas con cargos públicos. Estas declaraciones deben ser objeto de una auditoría, al igual que se debería entrelazar con la declaración de renta para que el resultado sea completo.

Lo establecido busca combatir la corrupción, imponiendo más controles. Debemos impulsar la reforma de la justicia, creo que para lograrlo es esencial la implementación de la carrera judicial, de lo contrario continuaremos con jueces interinos.

El proyecto de ley 44, que establece la carrera judicial, se aprobó en primer debate el miércoles 15 de octubre de este año. La carrera judicial es importante porque dará estabilidad a los funcionarios y, por ende, al sistema. La estabilidad a los trabajadores públicos se aplica sobre la base de méritos y da inicio al rescate de la dignificación de los funcionarios.

Vemos lo que sucede actualmente en nuestras instituciones como una oportunidad, como una alarma que nos permite reconocer las carencias del sistema. No podemos permitir que la justicia sea impartida por personas que no cumplen las leyes, necesitamos a gente confiable. Por eso, queda de nuestra parte despertar y reconocer que el caso que involucra a un magistrado de la Corte Suprema no será el primero ni el único, y que, por esto, debemos vigilar, también, la designación de otros cargos como el de contralor y procurador, para prevenir estas situaciones.

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