MANEJO PERTINENTE

Temas de Estado que requieren de una mayor regulación: Roberto Ruiz Díaz

Quizás sean tres temas que el común del panameño no relaciona después de unas elecciones, lo cierto es que requieren de mayor regulación, más a nivel constitucional, para que sean implementados y respetados, y se eviten suspicacias en cada cambio de gobierno y otros hechos que nos dejan ver como si fuéramos una nación en decadencia.

1. Gobierno en funciones: Reconocido en algunas constituciones, como la española en su artículo 101, y regulado mediante la Ley de Gobierno 50 de 1997, señala entre otras cosas que le corresponde solo el despacho ordinario de los asuntos públicos, pudiendo ir más allá de este límite en supuestos de “urgencia” o de “interés general”; adicionalmente dicha Ley de Gobierno en su artículo 21, numeral 3 establece que: “El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia, debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

En Panamá, la práctica ha sido contraria, más cuando el periodo de transición tardaba cuatro meses, y los presidentes, después de perder sus partidos, crearon salas de la Corte Suprema, funcionarios que ejercían por periodos en exceso del normal, emitieron leyes que afectaban a los gobiernos entrantes o medidas que lesionaban las relaciones internacionales. Conforme lo anterior, se debe ir hacia la implementación real y efectiva, mediante reformas constitucionales, para limitar las funciones de un gobierno saliente –en el periodo de transición o en funciones– al mero manejo de la cosa pública, salvo situaciones de emergencia o urgencia nacional.

2. Transición: “Proviene del latín transitio, que es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general, se entiende como un proceso con cierta extensión de tiempo”. Famosas las transiciones de la España de Franco a la democracia, con la adopciones de gobiernos como el del recién difunto Adolfo Suárez, sobre quien recayó la responsabilidad de consensuar diversas corrientes políticas para dar paso a la Constitución de 1979.

En Panamá correspondió a otro grande en el tiempo, Guillermo Endara, dar un paso a la transición de la dictadura militar hacia la democracia, aún imperfecta que hoy respiramos.

La transición debe ser el periodo armónico, donde un gobierno en funciones da y entrega toda la información requerida al gobierno entrante y termina con el traspaso de mando. Casualmente el último que entregó la banda presidencial, a pesar del abucheo injusto, fue Endara al expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien luego ordenó el cambio legal, para no verse en esa situación delegándose en el presidente de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que debe ser el periodo de intercambio, conversación y armónica colaboración, que esperemos se cumpla con el actual gobierno saliente y el entrante.

3. Concurrencia: En esto me voy a referir al periodo de un gobierno, en el cual sus nombramientos o figuras a cargos de diversos estamentos deben ser concurrentes con el periodo de un Presidente. En Panamá por disposición constitucional se tiene un periodo de gobierno de cinco años, ni un día más ni un día menos, salvo situaciones contempladas en las normas legales.

Dentro de dicho periodo, los Presidentes deben nombrar sus equipos de trabajos, que normalmente serán los que dirigirán los ministerios y entidades públicas que forman parte de la estructura del Órgano Ejecutivo. Cuando termine el periodo del Presidente de la República todas estas personas deben cesar en sus cargos, pues los mismos no se encuentran incluidos en el texto constitucional para que ejerzan periodos que puedan superar el periodo presidencial. Léase magistrados de los Tribunales Electorales, de Cuenta, Corte, procuradores, fiscal electoral, etc.

Lo que no se puede seguir permitiendo, como práctica recurrente, es que mediante leyes, los diputados le vayan restando facultades administrativas, contempladas en la Constitución, al Presidente con la creación de entidades al margen del Ejecutivo, con periodos que van más allá del periodo de concurrencia del Presidente. Pues con esto se crean gobiernos paralelos, con funciones tan delicadas y que son soportes de todo Ejecutivo, como es la recaudación fiscal, la seguridad, políticas energéticas, etc. Si quieren darle una categoría superior, deben proceder como se hizo con el Tribunal de Cuentas, creado mediante ley y elevado a rango constitucional.

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