CIUDADANOS

¿Tener derechos o permisos?: Roberto Brenes P.

Tenemos un estado de derecho para salvaguardar nuestras libertades. Pero las recientes escaramuzas del Gobierno contra los derechos individuales nos advierten de un creciente “autoritarismo en cuotas” que van desde impedir a las embarazadas beber en público hasta cómo, dónde y por qué usar los emblemas patrios.

Mark Twain estaba clarito cuando escribió: “Mientras la legislatura sesiona, nuestras vidas, propiedades y libertades están amenazadas”. Aquí, en pocos meses, los padres de la patria escalan la intrusión en la vida de la gente; asunto que merece análisis y protesta. No solo porque es lo moralmente correcto, sino porque si seguimos ignorando el rejuego podríamos acabar en una “sociedad de permisos” en vez de un estado de derecho, situación peligrosa en una época en que la separación de poderes es un extravío mental.

Hace poco se aprobó y celebró una reforma a la esterilización femenina. Correctamente, se eliminaron vergonzosas condiciones para acceder a una esterilización gratuita, pero dejaron otras como tener cierta edad y haber tenido al menos dos hijos; no se le aplica a quien puede pagar por la esterilización. O sea, con dinero se tienen plenos derechos sobre tu cuerpo, sin plata, permisos y requisitos. Una moderna política de salud pública debe respetar el libre albedrío y no perpetuar un concepto que parece extraído del Libro Rojo de Mao.

Recientemente, la Asamblea aprobó una ley que prohíbe servir bebidas alcohólicas en establecimientos públicos a embarazadas, con lo que se comete una flagrante violación de un derecho personal como fumar o comer exceso de grasas. Pero, además, se pone en cabeza de otros la obligación de observar esta forzada prohibición. Los que defienden esta ley alegan la salud de la “personita” que se aloja en la mujer. Aquí caemos en un debate espinoso, primo del derecho de aborto. Además, admitir tal lógica, perfectamente da pie a que se empiece a legislar sobre qué tipo de educación, de dieta y de amistades deba tener esa “personita” una vez nacida. ¿Estamos?

Pero el “Oscar” de las recientes intervenciones es la Ley 2 del 23 de enero que norma y restringe el uso de los símbolos patrios y, prácticamente, deja su utilización en manos del Gobierno. Estos símbolos ni son del Gobierno ni este los da en comodato condicionado a los ciudadanos. Los símbolos son de la patria, o sea de todos, incluido el Gobierno, pero no privativo del mismo. Los que aprobaron este adefesio de ley deben entender que la gente no se prende los símbolos al cuerpo, ni los hace suyos a su manera solo para ufanarse de su nacionalidad. Son un talismán de lo que profesamos y lo que amamos; son como un escapulario o el guardapelo que llevamos con la foto familiar.

Todo el que ha estado frente a un pelotón de antimotines, blandiendo como única arma su bandera, así como el que cursa la soledad de un fondo de ciclismo, arrullado solo con el fragor de su tricolor al viento, como el que luce un pin del escudo nacional en una conferencia internacional sabe que los símbolos son mucho más que una credencial de panameño. Son la expresión de tradiciones, ideas y convicciones conectadas con cada uno. ¿Será que necesitamos permiso de la burocracia para sentirnos y expresarnos así? ¿O será que acá queremos alejar al ciudadano de sus abstracciones y obnubilar su fervor patriótico, como en Cuba, donde los símbolos solo encarnan el poder y no la patria?

El Presidente, arrepentido, ha prometido un reglamento que enmiende esta mala ley. Con todo respeto; un reglamento no modifica una ley. Necesitamos una derogación legislativa. Y si de verdad lo hacen, mírense en la Iglesia, que en 2 mil años ha tolerado e incluso alentado la popularización de sus símbolos. Hay cristos, vírgenes, santos y beatos de todos tamaños y colores en todas las formas concebibles de expresión humana que acercan al creyente y apuntalan su fe. Dejemos a la gente en paz con su concepción de símbolos, del himno en reggae y de lo imaginativas y exóticas versiones de su escudo y su bandera.

De todas estas afrentas a los derechos individuales, me raya que los recibamos con la inmutabilidad de un rebaño de ordeño. Esta generalizada actitud parece tener dos explicaciones, igualmente tristes. Por una parte, los panameños ignoramos olímpicamente las leyes y cuando las contravenimos buscamos al amigo enchufado para que nos resuelva. Con esta actitud perdemos todo respeto por el cumplimiento de la ley y nos cargamos el sentido moral de ser ciudadano. Además, somos doblemente inmorales cuando, siendo la ley contraria a nuestros derechos, no lo denunciamos ni lo adversamos. La otra explicación es simple, pero igualmente dolorosa, nos hemos ido acostumbrando a que nos arreen, soben y ordeñen, mientras tengamos comida y techo. Alguien ha dicho que sufrimos un colectivo síndrome de Estocolmo, tan grande que lo debemos llamar “síndrome de Suecia”.

En fin, las violaciones citadas son apenas algunas. Y si seguimos dándole la espalda a nuestra moral de ciudadano y acomodados en el confort del establo, no se estará cumpliendo la sentencia de que “una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”. ¿O sí?

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