EN LA MIRA

Tirar de un pelo de su barba: Antonio Saldaña

El ojeo mediático de que fue objeto Chello Gálvez por su condición de presidente de la Asamblea Nacional, además de no ser el primero que se lanza, tiene un matiz eminentemente político, revestido de un manto moral y de preocupación ciudadana. El primer ataque mediático fue el derivado de su elección presidencial en ese momento se cuestionaba “su ausentismo legislativo pretérito, sin reconocer que en las 27 sesiones plenarias de la primera legislatura del cuarto período legislativo (julio y agosto de 2012), había presidido puntualmente todas las sesiones, aun cuando su prioridad continuaba siendo su obra de asistencialismo social”. (La Prensa 11/08/2012).

Luego vino el cuestionamiento por su desempeño en el pleno legislativo, pero ninguna de sus actuaciones estaba muy alejada del comportamiento de sus antecesores; quizás algunas poses histriónicas o desafortunadas, pero propias de “un hombre de lenguaje llano y directo”, como el mismo lo reconoce, de un “chorrillero”, esencialmente, de un panameño de a pie. “Sin embargo, algunas empresas mediáticas movidas (quizás) por agendas ocultas, por protagonismo político o en la búsqueda del rating, han modificado su papel de medio al servicio de la opinión popular, para convertirse en activistas políticos y agentes judiciales”. (La Prensa 11/08/2012). La más reciente arremetida mediática aduce que supuestamente Chello ha utilizado dineros del Estado para sufragar la compra de jamones repartidos en su circuito electoral 8-7 (a personas humildes de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Curundú, entre otros). Pero resulta que el asistencialismo social del presidente de la Asamblea es de vieja data, eso mismo lo ha venido realizando desde hace 23 años, sin haber recibido ningún reproche público, al menos de la magnitud del actual.

Los hechos que supuestamente se le atribuyen al diputado Gálvez se inscriben dentro de la categoría denominada “clientelismo político”, nociva práctica que viene desde la fundación de la República y más groseramente desde la instauración de la democracia de fechada posinvasión. No hay ni un solo representante de corregimiento, alcalde o diputado de la República que en los últimos 23 años no haya hecho uso de dineros del Estado, en actividades con connotaciones de clientelismo político. El hecho es que hasta donde yo entiendo de estos menesteres jurídicos, el clientelismo político per se, –salvo mejor criterio– no aparece tipificado como delito, ni en el Código Electoral y mucho menos en el Código Penal. El uso de dineros del Estado para fines de proselitismo político demostrado sin ninguna duda razonable, en medio de procesos electorales, sí constituye un delito electoral (Art. 392, numeral 6, Código Electoral 2007), pero ese no es el caso comentado por los medios de comunicación social en la actualidad, sencillamente porque no estamos en un período denominado por la norma positiva “proceso electoral”. En conclusión, lo que hacen los medios hoy con Chello Gálvez, por su condición de presidente de la Asamblea Nacional es, ni más ni menos, “tirar una y otra vez de un pelo de la barba”, al mejor estilo de El proceso, kafkiano.

¡Así de sencilla es la cosa!

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