DERECHOS POSESORIOS

Titular no es un crimen: Surse Pierpoint

La semana pasada se publicó, en un suplemento especial, los nombres de más de 4 mil personas que han presentado solicitudes para titular predios en islas y costas, incluyendo a tres ministros de Estado, dos presidentes de partidos políticos y empresarios. Si le agregamos las solicitudes ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, triplicaríamos el número de solicitantes.

A causa de esto y de docenas de artículos que han sido escritos después del escándalo del terreno de Paitilla, la sugerencia implícita es que titular es un hurto de los bienes del Estado. Por tanto, los cientos de miles de personas que ocupan la tierra sin título de propiedad, los que los vendieron, compraron (especialmente mucha tierra), los cientos de abogados que los representaron, los miles que pusieron solicitudes ante las autoridades competentes (especialmente si son pudientes), los funcionarios de la Anati, Pronat, Reforma Agraria y del MEF que los procesaron y, hasta los que titularon bajo las leyes existentes, potencialmente cometieron un crimen. También son criminales los que promovieron leyes para titular, tales como la Ley 80 y la Ley 59. Parece que no hay diferencia entre ellos y los ladrones de Paitilla.

Lo peor de todo es que los medios, los únicos frenos al poder del Estado, en este caso están silenciando a los que defienden la titulación de derechos posesorios, mediante ataques personales. Muchos dueños de derechos posesorios y abogados que han representado a clientes en sus compraventas y trámites de titulación, no se atreven a defender públicamente sus intereses, por temor a ser “asoleados” por los medios. Si es así, los reporteros y medios que se defienden contra leyes que atentan contra la prensa libre están cometiendo algo indebido. También, los médicos que defienden sus intereses en los debates de leyes de salud y los maestros en las leyes de educación. En una democracia, el interesado es el que más tiene derecho a participar en debates que afectan sus intereses.

El problema fundamental radica en que los medios están convencidos en que la tierra sin título le pertenece al Estado. Sus abogados citan siempre una ley de 1969, el artículo 1670 del Código Civil, que dice que la tierras del Estado son imprescriptibles. Sin embargo, ese punto de vista no es compartido por la gran mayoría de los panameños que viven fuera de la ciudad, especialmente en el campo. Contra la sabiduría oficial tenemos docenas de leyes que prueban que los derechos posesorios no son bienes del Estado sino propiedad privada y, por tanto, el Estado no puede cobrar por “vender” algo que no le pertenece. Esas leyes incluyen artículos en el Código Civil que le dan al poseedor el derecho a usar la tierra como le da la gana, a venderla, heredarla, hipotecarla o cesionarla como si fuera suya, que obligan al Estado a restituir las tierras al poseedor si un particular o el mismo Estado se la quita, y hasta un artículo de la Constitución (291) que obliga al Estado a pagar indemnización, si le quita los derechos posesorios a alguien. También tenemos a nuestro favor la tradición jurídica que heredamos del Código Romano, las reglas generales del derecho que dice que los hechos (la ocupación) crean derecho (la propiedad), al pensamiento filosófico liberal que nació en el siglo XVII, la Declaración Universal e Interamericana de los Derechos Humanos que, expresamente, protegen los derechos posesorios y la costumbre y tradición de nuestros pueblos. Es por esto que nadie le quita una pulgada a un panameño que tiene derechos posesorios sin violencia, y nadie le obliga a hacer con su tierra lo que él no quiere. Intentar legislar en contra de esa realidad es intentar legislar contra los hechos y la tradición, y eso es algo que ningún gobierno puede hacer. Después de todo, estamos hablando de 50% del territorio nacional, y de la riqueza de la mayoría de los panameños.

No le pedimos a los medios que acepten nuestro punto de vista. Le pedimos solamente que sean neutrales, que acepten que hay un debate legítimo, y que le den cobertura a los que no están de acuerdo con ellos, especialmente a los dueños de derechos posesorios originarios o adquiridos mediante compraventa. Se debe investigar los casos de corrupción, ese es el deber de los medios y lo hacen bien. Sin embargo, como los defensores de la democracia y de la institucionalidad, ellos están obligados a ser democráticos, a autocensurarse y exponer todos los puntos de vista cuando hay un debate, o de lo contrario se convierten en bullys parcializados silenciando a los que no están de acuerdo con su punto de vista. En Panamá, ya tenemos un bully, no necesitamos otros.

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