DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Toque de queda y ´Constitución´: Luis Calvo Rodríguez

El objetivo de fondo de este artículo no es analizar si el toque de queda, tal y como se practica en Panamá, es o no una medida de política criminal eficiente. Procuro en este texto hacer un llamado de atención respecto a la ligereza con que cedemos nuestras garantías fundamentales, como miembros de una sociedad que aspira a ser libre y democrática.

La imposición de un toque de queda, como el que decretó la Gobernación de Chiriquí el pasado 1 de abril, tras el asesinato del periodista Ramón Cano, ordena la conducción ante las autoridades competentes de los menores de edad que transiten por la vía pública en horario de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. sin la compañía de sus padres o representantes legales, y de los adultos que no porten su documento de identificación personal.

Estas medidas, adoptadas por resolución de Gobernación, implican una limitación de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Panamá, que afirma que “toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional (...) sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración”.

No me opongo a que en un Estado libre y democrático se apliquen acciones de política criminal que contribuyan –en el contexto de una política de justicia social y participación– a alcanzar estándares de seguridad pública, pero esas medidas, cualesquiera que sean, deben guardar coherencia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, con la Constitución y la ley. Es decir, la actuación de los servidores públicos no puede rebasar el ejercicio taxativo de sus funciones.

En el caso del toque de queda, que implica una suspensión o limitación del derecho a transitar libremente, las autoridades no pueden desconocer lo establecido en el Art. 55 de la Constitución Política, que establece que este solo se podrá “suspender temporalmente, de modo parcial o total”, mediante la declaratoria de un estado de urgencia, “en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público”. El estado de urgencia al que se refiere ese artículo, deberá ser declarado por el Consejo de Gabinete, no por alcaldes o gobernadores como ha sido la práctica. Esta forma de limitación excepcional, es aplicable a otros derechos como: no ser privado de libertad de forma arbitraria o la inviolabilidad del domicilio, residencia, correspondencia o demás documentos privados.

Como ciudadanos, debemos estar conscientes de que nuestros derechos y garantías fundamentales no son negociables y que su excepcional limitación o suspensión, debe ajustarse a lo establecido en la Constitución y la ley, jamás supeditarse a políticas marcadas por el populismo punitivo y el miedo.

Hoy cedemos, tranquilamente, nuestro derecho a ir adonde queramos lícitamente. De la misma forma, si no actuamos, mañana podemos perder otros de los derechos antes mencionados.

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