JUSTICIA TRIBUTARIA

El Tribunal Administrativo Tributario: Hernán A. De León Batista

Tal vez muchos ciudadanos, en especial, los contribuyentes del fisco panameño, conocen poco de la existencia del Tribunal Administrativo Tributario, creado mediante Ley 8 de 15 de marzo de 2010.

El tribunal abrió al público por disposición del pleno de magistrados, el 1 de junio de 2011, toda vez que se requería definir algunos aspectos, como eran la instalación física de la entidad –actualmente ubicado en Obarrio, Calle 53, Edificio Victoria Plaza–; la obtención de un personal calificado con conocimiento técnico en materia tributaria; el equipamiento de las oficinas; la definición del procedimiento a seguir, conforme las reglas contenidas en el Código Fiscal y supletoriamente, la aplicación de la Ley 38 de 2000 –procedimiento administrativo– y las normas del Código Judicial, etc., quedando pendientes todavía muchos temas. Sin embargo, en poco tiempo, una entidad creada solo en ley, viene tomando cuerpo, gracias al esfuerzo y la mística de trabajo del personal que la conforma.

Con la creación de este tribunal, se pone término a una de las grandes críticas que, por años, se le hacían al sistema tributario panameño: el hecho que la Dirección General de Ingresos (DGI) era “juez y parte” en las reclamaciones de índole tributario, ya que por su naturaleza de servicio público recaudador-fiscalizador, carece de independencia para resolver dichas reclamaciones de los contribuyentes, desapareciendo así la Comisión de Apelaciones.

El Tribunal Administrativo Tributario, como ente independiente y autónomo, especializado e imparcial, con jurisdicción en toda la república, tiene competencia para conocer y resolver en última instancia administrativa, las apelaciones contra las resoluciones que emita la DGI, entre las que se encuentran: los reclamos de devoluciones de tributos nacionales, a excepción de las aduaneras; las resoluciones relativas a liquidaciones adicionales; resoluciones de multas y sanciones; así como cualquier otro acto administrativo que tenga relación directa con la determinación de tributos bajo competencia de dichas entidades en forma directa o presuntiva.

Ahora el reto del tribunal es emitir resoluciones administrativas que contengan la aplicación irrestricta de principios constitucionales de legalidad –legalidad tributaria–, igualdad de las partes (contribuyente contra fisco), respeto de los derechos de los contribuyentes, entre otros, con el fin de que los administrados-contribuyentes o la propia administración fiscal, si fuese el caso, se sientan satisfechos porque las decisiones del tribunal son en total apego a la ley, donde prevalezca el debido proceso como garantía básica de un estado de derecho, aunado a que se presenta la esperanza de alcanzar juicios tributarios rápidos, oportunos y técnicos, así como más transparentes.

Definitivamente, con la creación de un Tribunal Administrativo Tributario se ha dado un gran avance en materia de justicia tributaria, la que no puede ser conformista y, por tanto, los magistrados que integramos el tribunal tomamos la decisión de presentar ante la Comisión de Reformas Constitucionales, una serie de propuestas de modificación a la Constitución, con el ánimo que a futuro exista una jurisdicción tributaria especializada que siga modernizándose a la par del desarrollo de una cultura tributaria que viene dando pasos importantes en Panamá.

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