Universidad para el siglo XXI: Francisco Díaz Montilla

En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:

1. Impulsar el desempeño institucional.

2. Apoyo estatal a la educación superior pública.

3. Política y precios de la matrícula.

4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.

5. Preparación para la universidad.

6. Inmigración.

7. Educación en línea y educación basada en competencias.

8. Armas en el campus.

9. Desarrollo económico y laboral.

10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.

Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.

Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).

En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.

La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.

Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.