CANAL DE PANAMÁ

Urge volver al diálogo nacional: Franklin Castrellón

En respuesta a las advertencias reiteradas que hiciese en la década de 1980 el entonces subadministrador de la Comisión del Canal de Panamá, Fernando Manfredo, de que el tema del Canal debería ser elevado al rango constitucional para preservarlo de la voracidad de los políticos, sucesivos gobiernos del periodo democrático pusieron su granito de arena para llevar esta iniciativa a la realidad.

El primer paso lo dio el presidente Guillermo Endara cuando, bajo el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el liderazgo de J.J. Vallarino, impulsó los diálogos de Bambito y Coronado con el respaldo de la sociedad civil, el Consejo Ecuménico, el Consejo de Rectores y los empresarios y trabajadores organizados. Estos diálogos produjeron el Título Constitucional sobre el Canal, aprobado en las legislaturas de 1993 y 1994.

El próximo paso lo dio la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares cuando atendió la iniciativa, impulsada por los mismos actores de Coronado, de aprobar la Ley Orgánica del Canal de Panamá. Esta ley desarrolló las bases legales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), creada por el artículo 316 del Título Constitucional. En ambos procesos participaron centenares de ciudadanos inspirados en un gran objetivo: el interés nacional. Considero necesario que la sociedad civil y el PNUD retomen el diálogo en consideración a los elementos de juicio que a continuación detallo.

Desde que se aprobaron el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la ACP, la clase política ha evolucionado para peor, con el resultado de que algunas grietas en el Título y en la ley orgánica pudieran ser aprovechadas por políticos codiciosos para tomarse ese “patrimonio inalienable de la nación panameña” que es el Canal (Art. 315 de la Constitución). Veamos cuáles son esas grietas. El Art. 318 del Título señala que los 11 miembros de la junta directiva de la ACP serán nombrados en la siguiente forma: Un directivo con rango de Ministro para Asuntos del Canal será designado por el Presidente de la República y presidirá la junta directiva; otro será designado por el Órgano Legislativo, y los nueve restantes por el Presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la ratificación de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta.

Para evitar que un presidente tuviese el control de la junta directiva en un momento dado, el Título estableció que los nueve directivos designados por el Presidente serían renovados en forma escalonada. Este método fue desarrollado por un parágrafo transitorio de la Ley Orgánica, según el cual, tres de los primeros directores serían nombrados por solo tres años cada uno, tres por seis años y tres por nueve años. Cumplidos sus respectivos periodos, los reemplazos de estos directores serían designados por nueve años. Todo ha marchado bien... hasta ahora. A este gobierno le ha tocado nombrar a cinco miembros (el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, José A. Sosa, Nicolás Corcione, Marco Ameglio y Rafael Bárcenas), y le corresponderá nombrar a otros tres cuando expiren los términos de Alfredo Ramírez (noviembre de 2012), Eduardo Quirós y Norberto Delgado (febrero de 2013). Una vez esto ocurra, este Gobierno habrá designado a 8 de los 11 miembros de la junta directiva.

Esto no debiera preocuparnos si no hubiésemos sido testigos del asalto de que han sido víctimas órganos del Estado llamados a ser independientes. Con el agravante de que la Ley Orgánica de la ACP concede amplios poderes, incluso legislativos, a su junta directiva, que tiene facultad para regular los sistemas de empleo, tráfico de naves, contrataciones, arqueo de buques, tarifa de peajes, etc.

Además de temas tan delicados –toda una tentación para políticos corruptos–, la ley orgánica otorga a la junta directiva la facultad de “ratificar los nombramientos de jefes de oficinas principales efectuados por el administrador”, algo absurdo, pues el ejecutivo jefe (CEO) en cualquier empresa moderna tiene la libertad de designar a su staff. En este punto cabe observar que los cargos ejecutivos no están protegidos por el sistema de mérito; son de libre remoción y nombramiento.

Como andan las cosas en nuestro Gobierno, no me extrañaría que algunos tránsfugas vayan a parar a la junta directiva de la ACP. Y que emulando el proceso de deterioro que registra el aparato estatal, terminen destruyendo la integridad de la infraestructura normativa que ha permitido al Canal ser un ejemplo al mundo de la capacidad de los panameños. ¿Se imaginan nuestros lectores el sistema de empleo del Canal siendo modificado para abrir espacio a los miembros de un partido político?

Este espacio es corto para enumerar otras normas constitucionales y legales que deben ser analizadas, vis a vis la realidad actual. Al iniciarse el Mes de la Patria, es oportuno que los actores de Coronado retomen el diálogo Visión Panamá 2020, inspirado en convertir a este país en uno de los centros de actividad económica y humana más importante de América Latina. No podemos corrernos el riesgo de que lo único sano que tenemos en la administración pública sea corroído por la codicia de la politiquería. Ello pondría fin a nuestra posibilidad de ingresar al grupo de los países desarrollados.

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