UN DERECHO DE TODOS

Uso público de las playas

Uso público de las playas: Roberto Montañez Uso público de las playas: Roberto Montañez
Uso público de las playas: Roberto Montañez

“La facilidad de ingresar, libre de restricción, a las playas del litoral pacífico es una posibilidad que cada día se pierde. De los 17 balnearios que integran ese cordón playero, que se extiende desde Chame, en Panamá Oeste, hasta Juan Hombrón, en Coclé, en su mayoría se cobra por poder entrar a darse un chapuzón en el mar”. Así revela una nota de Rafael Quezada del diario La Prensa.

Residiendo temporalmente en Montevideo, Uruguay, hemos podido calibrar el valor que confiere la sociedad y el Estado uruguayo a estos bienes patrimoniales de uso irrestrictos al público. A lo largo de su litoral desde Colonia de Sacramentos hasta el balneario de Punta del Este se recorre una costanera que impide la apropiación por hoteles y residencias. Con cientos de kilómetros de costa sobre el Río de la Plata y el océano Atlántico, Uruguay es uno de los destinos de playa más fascinantes de América del Sur.

Uruguay, situado en la parte oriental del Cono Sur, con una superficie de 176 mil 215 kilómetros cuadrados y una población de 3 millones 407 mil habitantes, similar a la nuestra, tiene 100 mil kilómetros más que Panamá y cuenta con una costa de una geografía diversa de playas que son su principal atractivo turístico. Desde las serenas costas de Colonia y San José, al oeste, pasando por la mítica costanera montevideana y llegando a los espectaculares balnearios de Canelones, Maldonado y Rocha, son visitados por personas de todas las clases sociales sin ninguna restricción.

Cualquiera que fuere la titularidad de las riberas en Uruguay, el propietario, lo es de un derecho altamente debilitado, un derecho de uso que debe ser común, sin poder jamás considerarse con la propiedad plena. Por regla general, los bienes de existencia natural como mares, playas, ríos y arroyos, que por su propia naturaleza están destinados al uso público, por el solo hecho de existir, integran el dominio público. Según el Código Civil uruguayo, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Esto implica que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Por lo tanto, no existen las playas privadas en ninguna región de ese país.

Un contraste con la realidad en Panamá, donde las transnacionales del turismo inmobiliario tienen facilidades para desarrollar megaproyectos sacrificando la utilidad pública y muchos casos con daños severos al medio ambiente. Contrario a lo que sucede en el Atlántico, las playas del Pacífico, por su cercanía a la ciudad, están al frente del auge turístico desde Veracruz, Playa Leona, Gorgona, Punta Chame, El Palmar, Playa Teta y Juan Hombrón, en Antón.

Conforme al artículo 258: Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales; las playas, riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Un dilema existencial del desarrollo turístico, privilegiar inversiones a costa del bienestar colectivo, las playas en nuestro país han ido adquiriendo una enorme atracción turística y de esparcimiento de la población, por lo que se requiere la pronta intervención del Estado y de los municipios en beneficio de la colectividad, a fin de mantener la integridad, la higiene y la utilización permanente de esos importantísimos bienes jurídicos y económicos.

Una medida desarrollista es la construcción de avenidas costaneras como se ha realizado en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que han permitido el acceso público a las playas y en nada han afectado el turismo. Por tanto, es menester contar con una ley que regule el derecho al acceso público al ambiente costeño, que es una necesidad urgente de la sociedad panameña conforme al derecho constitucional, que podría considerarse una violación de sus inalienables derechos humanos.

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