TRES RAZONES PARA ENTENDER LA CRISIS

Venezuela en la encrucijada: Víctor Maldonado C.

Los gobiernos son victimarios, pero también son las primeras víctimas de las crisis económicas que provocan. Cuando la inflación es la más alta del mundo y la escasez de productos básicos se incrementa ocho puntos porcentuales, de un mes a otro, la gente comienza a preguntarse qué pasa. Ese es el caso venezolano, pero agravado por una corrupción rampante y el marcado deterioro de las condiciones democráticas del país.

Fuimos muchos los que advertimos que el camino al socialismo sería tortuoso e inútil, pero con consecuencias indeseables. Esas secuelas en términos de devastación están a la vista. Venezuela es un acertijo inexplicable. El peor desempeño de América Latina, a pesar de contar con ingresos petroleros estables y otras ventajas que pudieran ser aprovechadas, pero que, sin embargo, son dilapidadas sistemáticamente en el marco de una política de exclusión, exacerbación de los odios y administración metódica de la represión.

Hay tres razones sustanciales que se deben conjugar para entender la crisis. La primera es la imposibilidad del socialismo para seguir administrando el populismo distributivo que mantuvo en los últimos 15 años. Las reservas internacionales están en el suelo y el régimen no encuentra qué hacer para atender la deuda acumulada y las demandas de abastecimiento del país. No logra desentenderse de los imperativos ideológicos, y tampoco constituir un equipo de gobierno con talento para enfrentar la crisis. La segunda razón es la crisis de inseguridad. Venezuela es el país más peligroso del hemisferio, con una tasa de criminalidad que en 2013 llegó a ser de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. A esto se suman la acción impune de los grupos paramilitares afiliados al régimen (los llamados “colectivos”), que siembran terror y administran su propia justicia. La tercera razón es el desplazamiento más que evidente hacia un modelo autoritario de gobierno. Una porción muy importante del país se siente violentada y excluida del modelo. El régimen pretende imponerse sin respetar ni otorgar un mínimo espacio de consideración a las expectativas de la gente que piensa diferente.

Estas tres dimensiones de la crisis del socialismo del siglo XXI se conjugaron para provocar un nuevo punto de inflexión de la insatisfacción social. Las clases medias comenzaron a preguntarse cuáles podrían ser las salidas dentro de una relación social administrada autoritariamente. Los estudiantes se comenzaron a manifestar y los grupos políticos de la alternativa democrática se sumaron activamente a la protesta.

La reacción oficial fue brutal y, como siempre, muy difusa en la determinación de la responsabilidad. A pesar de todas las evidencias gráficas que circularon con abundancia en las redes sociales, el régimen procedió a inculpar a la dirigencia política de la Mesa de la Unidad Democrática de los excesos ocurridos.

Como suele ocurrir en este tipo de regímenes, y Venezuela no es una excepción, la violencia siempre es adjudicada a los opositores, que comenzaron a ser demonizados a través del sistema de medios públicos. La política se ha criminalizado.

En el caso más reciente, uno de los líderes de la oposición fue señalado por el régimen y acusado de homicidio intencional, terrorismo, lesiones graves, incendio en edificio público, daños a propiedad pública, intimidación pública, instigación y asociación para delinquir. Todas estas acusaciones son el producto de su convocatoria a una manifestación de calle, pacífica y unitaria que terminó en violencia, gracias a la presencia de grupos paramilitares y de los cuerpos de inteligencia del Gobierno. Todas estas acusaciones fueron realizadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, violando la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto debido a la reputación de los ciudadanos y haciéndolos objeto del odio de los seguidores del Gobierno. Ahora bien, aunque ninguna de esas acusaciones tiene fundamento alguno, ante la orden del Presidente, todos los poderes públicos actuaron en consecuencia.

Al momento de escribir esta nota los ánimos están todavía muy caldeados. El Gobierno debería tener mayor disposición para la paz con justicia y reconocimiento del pluralismo. La alternativa democrática debería significar este momento político, conducirlo apropiadamente y proponerse un conjunto de metas factibles: una economía más abierta, respeto por los derechos ciudadanos, supresión de los grupos paramilitares del Gobierno, y reconocimiento de la oposición como alternativa de gobierno. Si eso no se consigue seguiremos condenados a la violencia política y a sus penosas consecuencias.

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