COLUMNA INVITADA

Víctimas de la violencia: Claudia Brihuega Ortiz

Los niños que toman la decisión de huir de sus casas en busca de seguridad corren, una vez más, el riesgo de convertirse en víctimas de la violencia, de la delincuencia y de la explotación. Los menores que buscan reencontrarse con sus familias comienzan solos un largo camino para sentirse a salvo. El informe Children on the run, preparado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), recoge los testimonios como ejemplo de las realidades por las que escapan los menores de México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Mi padrastro solía golpearme. Con un cinturón, o me daba un puñetazo. Usaba una barra de hierro. Si protegía a mi madre él se enojaba conmigo”, dice José, que tiene 17 años. “Mi abuela quería que me marchara. Me dijo: Si no te unes, te dispararán. Si te unes, tus rivales o la policía lo harán. Pero si te marchas, nadie podrá”, dice Kevin, que ha dejado en Honduras todo lo que conocía por una oportunidad.

Procesos confusos y miedo por las amenazas a estar retenidos en centros de detención hasta que se resuelva la solicitud de asilo. La falta de información y de asesoramiento jurídico proporcionada por los agentes del Instituto Nacional de Migración de México, y el desconocimiento de sus derechos hacen que los niños y niñas acepten ser deportados a sus países de origen, aunque su situación se adapte a las condiciones de asilo.

La ley de inmigración de Estados Unidos no proporciona un abogado para los procedimientos de deportación. Los menores, muchos de ellos con bajo nivel educativo y sin hablar más que su lengua materna, tienen que encontrar un abogado que les represente. Según un estudio elaborado en 2014 por la Universidad de Berkeley, California, los niños migrantes no acompañados eran representados por un abogado solo en el 32%. En el 73% de los casos en los que sí contaban con asesoramiento jurídico, la Corte permitió al niño permanecer en Estados Unidos.

El Fondo de Asilo, Migración e Integración fue creado en abril de 2014 por el Parlamento y el Consejo europeo. Uno de sus objetivos argumenta la necesidad de “llevar a cabo expulsiones para salvaguardar la integridad de la política de inmigración y asilo de la Unión, y los sistemas de inmigración y asilo de los Estados miembros. El retorno voluntario y el forzoso están interrelacionados y tienen un efecto de refuerzo mutuo”.

España es destino de niños y niñas procedentes de Marruecos y África occidental. Muchos de los menores no acompañados son repatriados incluso ante situaciones de riesgo. En ocasiones no se les reagrupa con sus familias. Algunos son reubicados en centros de acogida en Marruecos, construidos con financiación del Gobierno español, que carecen de los recursos para favorecer el desarrollo e integración de los menores.

Se fuerza el retorno a países de origen que no garantizan la protección de sus vidas y derechos. Es necesario evaluar la situación de los niños y las niñas para actuar desde las bases de protección internacional de la infancia. La organización de derechos humanos Human Rights Watch destaca la importancia de asegurar el interés superior del menor y la necesidad de evaluar los riesgos y peligros que le esperan a su regreso antes de iniciar la repatriación.

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