REPERCUSIONES

Los abogados y la nueva ley antilavado: Issamary Sánchez Ortega

Con la nueva Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones, se incluye a la abogacía dentro de las actividades profesionales sujetas a supervisión.

Luego de la inclusión de Panamá en la lista gris, entre las medidas a tomar se acordó fortalecer la parte regulatoria, derogando la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000, y se creó una ley antiblanqueo de capitales más completa, para contemplar de forma efectiva las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Se observa una ley mucho más extensa y detallada, considerando que la legislación antilavado anterior tenía casi 15 años de vigencia, lo que requería de forma urgente la actualización del régimen legal panameño de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ahora el sector abogadil será vigilado por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, siempre que en el ejercicio de su actividad profesional realicen, en nombre de un cliente o por un cliente, las siguientes actividades: Compraventa de inmuebles; administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas; la de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con las leyes de la República de Panamá, entre otras.

En el artículo 25 de la citada Ley 23 de 2015 se ha abierto una brecha para los abogados, en lo relacionado a la protección del secreto profesional, al señalar que aquellos que estén en ejercicio y cuyas actividades clasifiquen como “realizadas por profesiones sujetas a supervisión”, no tienen que reportar transacciones sospechosas, si la información pertinente se obtuvo en circunstancias en que están sujetos al secreto profesional o privilegio profesional legal, en defensa de su cliente, o a la confesión que su cliente realice para su debida defensa.

Para los abogados que no tienen una estructura adecuada, es importante considerar la elaboración de manuales de cumplimiento que se adapten a su realidad, además de matrices de riesgo, uso de herramientas de monitoreo y listas, capacitación del personal del despacho, así como conocer el procedimiento y documentación requerida para el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras medidas básicas de debida diligencia del cliente. También, se debe designar una persona o unidad responsable de servir de enlace con la UAF en estos temas.

¿De qué manera esta nueva ley repercute en el ejercicio de la profesión del derecho?

Entre las posibles consecuencias que pueden darse con la implementación de esta normativa está la posible disminución en los volúmenes de constitución de sociedades anónimas, y que los honorarios profesionales de abogados y agentes residentes aumenten, pues la responsabilidad y riesgos son mayores.

Además, hay que considerar y prepararse para cubrir el costo que involucra la implementación del sistema de los controles de debida diligencia de los clientes en un mundo en el que el anonimato cada día desaparece más.

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