CORRECTIVOS

¿Se acabará la impunidad?: Leandro Ferreira B.

Como suele ocurrir cuando hay relevo de mando en el Palacio de Las Garzas, en estos momentos hay muchas expectativas en torno al deseo de castigo para todos aquellos que, de alguna u otra forma, hayan podido lesionar el patrimonio del Estado durante la recién finalizada gestión gubernamental, incluso en las anteriores.

A pesar de este anhelo de gran parte de la ciudadanía, la realidad es que las posibilidades de que esa sed de justicia sea saciada son mínimas. Y digo esto no por puro pesimismo o porque crea que el Presidente entrante carece de interés en que se lleve ante la justicia a los responsables de los malos manejos, principalmente a los “peces gordos”.

Lo digo porque entiendo que con el sistema actual resulta muy difícil que las tres entidades claves para lograr que se persigan y castiguen los delitos contra la administración pública hagan su trabajo.

Por un lado está la Contraloría General de la República, ente desprestigiado y muy cuestionado por sus omisiones, por su actuación sumisa, complaciente para con el Ejecutivo y alejada de su misión fiscalizadora. A esta institución le corresponde presentar los informes de auditorías sobre los casos que investiga el Ministerio Público, pero esos informes pocas veces se concluyen, y nunca en el tiempo estipulado, y si acaso llegan a presentarse, entonces resulta que no reúnen los requisitos para constituirse en evidencia contundente contra los imputados, debido a la calidad dudosa de la investigación realizada.

Lo anterior representa uno de los mayores obstáculos que enfrentan los procesos contra la corrupción, debido a que prácticamente hay un cuello de botella originado por la Contraloría General.

Con respecto al Ministerio Público, a esta entidad se le atribuye también gran parte de la responsabilidad por el rotundo fracaso de la lucha anticorrupción, debido a que muchas veces se incurre en aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay casos en los que, a pesar de que abunda la evidencia –incluso divulgada por los medios informativos– las respectivas fiscalías concluyen, de forma inexplicable, en que no hay delito y se apresuran a solicitar sobreseimientos.

Nótese que en ambas entidades las fallas incluyen desde la supervisión inadecuada de los equipos investigativos –a los que no se les exige la culminación y presentación de informes en el plazo correspondiente y con la calidad que fijan las normas– hasta incapacidad o desinterés para combatir el delito.

Pero, suponiendo que aún esquivando los dos obstáculos anteriores un escándalo logre ser remitido al Órgano Judicial y se inicie un proceso, entonces puede que el caso tropiece con la figura de un juez comprometido políticamente con los procesados, por ende, carente de independencia para actuar como dicta la ley.

Entonces, ¿qué puede hacer el Presidente entrante frente a este panorama?

Se me ocurre que lo primero sería que con el apoyo del Legislativo y la participación de la sociedad civil se logre el nombramiento de un contralor (a) y un procurador (a) general independiente, con una trayectoria intachable, y con la capacidad profesional necesaria.

Lo segundo sería conseguir que esos importantes funcionarios se comprometan a implementar un programa de selección, capacitación y estricta supervisión del personal encargado de las auditorías en la Contraloría General, y de las investigaciones en el Ministerio Público, para minimizar los riesgos de que la incompetencia o la desidia impidan el encausamiento y condena de los responsables de los delitos contra la cosa pública.

En esta fase se requerirá la puesta en marcha de un programa de evaluación científica y objetiva del desempeño laboral del personal de ambas instituciones, y también del Órgano Judicial, para mejorar a corto plazo su accionar, algo que es determinante en el combate de los corruptos.

Si el nuevo gobierno no adopta las medidas requeridas, la odiada y frustrante impunidad seguirá reinando y será un factor motivador para los delincuentes de “cuello blanco”, quienes harán fiesta con el dinero de todos los panameños.

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