Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

VIOLACIÓN DE LA LEY

El acaparamiento de las playas: Rolando A. Gittens

En nuestro país existen demasiadas situaciones que falta poco para que la sociedad caiga en un pesimismo colectivo por la incapacidad de edificar un Panamá más justo y humano, donde el interés social no esté subordinado al económico.

Una de dichas situaciones, es el derecho constitucional de que las playas y riberas pertenecen al Estado y, por lo tanto, son de uso público. No pueden ser objeto de apropiación privada.

No obstante, cuando uno se dirige hacia el oeste del país y pasa cerca de las tradicionales playas del Pacífico, como las de Santa Clara, Río Mar, Corona y Río Hato, que fueron objeto por tantos años de paseos familiares, nos tropezamos con lujosos centros habitacionales y resorts que se han repartido las costas para uso exclusivo de ellos.

Ni siquiera podemos ver en el horizonte tan hermosos lugares, que han sido bloqueados por imponentes y agresivas entradas como mudos espantapájaros ahuyentando a los posibles intrusos. Esta subordinación de lo social al interés económico por un grupo privilegiado ha provocado una actitud colectiva escéptica, pues los espíritus adormecidos de la sociedad panameña no exigen lo que con justicia les corresponde.

No negamos la importancia de las inversiones en la construcción de grandes edificios frente al mar. Lógicamente los empresarios tratan de obtener el máximo provecho del riesgo financiero realizado y ofrecen toda clase de beneficios. Pero los gobiernos tienen la responsabilidad -al aprobar los planos de las carreteras- que estas construcciones viales no estén muy lejos de las playas sino, todo lo contrario, deben bordearlas.

Imaginémonos solo por un instante que los edificios frente a la avenida Balboa se hubieran apropiado de la tremenda vista a la bahía y además de la playa. Pensemos que en Brasil, la famosa playa Copacabana de Río de Janeiro fuera solo de uso privado, o la playa Con-Con en Viña del Mar en Chile, solo fuera para los grandes hoteles ubicados frente a ella.

Hablando de la costa arriba de Colón, existe una real preocupación por el adelanto de un 40% de la carretera de 26 kilómetros, pasando más allá del histórico poblado de Portobelo. El proyecto se inicia en el corregimiento de Cuango, pasa por Playa Chiquita, Palmira y termina en el distrito de Santa Isabel.

Se trata de una inversión de casi 20 millones de dólares licitada por la administración anterior para unir la costa arriba, fortalecer el turismo en el sector Atlántico del país y mejorar las escuálidas recaudaciones municipales de los alcaldes del área. De hecho, ya la cadena Decameron anunció la posibilidad de invertir cerca de 50 millones de dólares para la edificación de un hotel con más de 300 habitaciones en Santa Isabel.

Se comenta que existe el deseo de aprovechar el poblado de Punta Cocoye, que limitaría con la comarca Guna Yala y que posee más de 10 kilómetros de playa de arena blanca. La preocupación por este proyecto es que su construcción no bordee el mar, como sucede actualmente con el camino hacia Portobelo, que la carretera sea concebida de tal forma que ningún hotel o resort, lo mismo que edificios residenciales, se puedan apropiar de las playas e impidan el acceso o la vista al mar.

El temor es real, ya que en agosto de 2014, Marietta Jaén, viceministra de Obras Públicas, cuestionó la obra que adelanta la empresa RPL Construcciones, porque los planos y el estudio ambiental no contaban con la requerida aprobación oficial.

La consternación también es valida para diferentes zonas como la de los coclesanos ante el anuncio de otro estudio para la construcción de una carretera costanera de 100 kilómetros a un costo cercano a los mil millones de dólares que iría desde Río Hato hasta Boca de Parita, en la península de Azuero.

No podemos olvidar tampoco las luchas de los pescadores artesanales de Santa Clara y los de Río Hato, para que no los desalojaran ni le quitaran el acceso a las playas.

El crecimiento económico es imprescindible, pero no se podrá sostener en el mediano plazo si no va acompañado de mejoras en las condiciones de vida y oportunidades que enfrentan amplios sectores de la población. Le queda a las autoridades y a los diputados tomar conciencia de sus responsabilidades por velar por los más vulnerables y hacer cumplir la ley valorando los riesgos sociales de la toma o no de unas justas decisiones.

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