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TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN

El búmeran de la acreditación universitaria: Gregorio Urriola Candanedo

Por estos días, el país asiste al final de la primera fase del proceso de evaluación institucional de sus entidades de educación superior, cuando la mayoría de ellas ha entregado sus informes de autoevaluación y un plan de mejoras. Se trata de un diagnóstico de su realidad, organizado por las propias instituciones, y un programa para atender las fallas detectadas.

Este ejercicio se completará, en primera instancia, con la visita de pares externos; es decir, de académicos de otros países que vienen a Panamá a validar tanto la corrección y justeza de los informes como la pertinencia de los planes formulados. Posteriormente, el dictamen del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) determinará si se acredita o no a un determinado centro como entidad de educación superior en el país.

El proceso de evaluación universitaria se ha considerado como factor esencial para la denominada mejora continua de las casas de estudios superiores. En general, ha recibido el beneplácito social, pues se le considera como el medio idóneo para poner en orden y para separar el trigo de la paja en un campo estratégico para avanzar en las tareas del desarrollo económico y social.

En estos meses de autoevaluación se ha tenido que sistematizar casi todo. Esto incluye la definición clara de políticas, normas y procesos académicos y administrativos, organizar las bases de datos referidas a recursos humanos y planes de estudio, la medición de la satisfacción de clientes internos y usuarios, y un largo etcétera de requisitos y precondiciones marcadas por los 185 indicadores de evaluación. Los factores evaluados se relacionaron con la docencia, investigación e innovación, extensión y gerencia institucional.

Más allá de la eventual acreditación que hará más transparente para los agentes sociales el carácter y valía de las universidades, lo más importante será la propia mejora de la calidad de estas instituciones. Ese elemento, que se expresa fundamentalmente a través de los planes de mejoras, deberá suponer un aumento de los recursos para las universidades y su uso más eficiente.

No obstante, quedará claro que los recursos actuales, al menos para las universidades públicas, son muy limitados. En especial aquellos dedicados al tema definitorio de las universidades contemporáneas, que es el de generar nuevo conocimiento.

Colateralmente, los planes de mejoras deberían articularse en un programa estratégico de las universidades públicas del país que aminore despilfarros y cree un verdadero sistema universitario público.

De la evaluación institucional actual aflorarán sin duda otros temas, como son nuestro rezago nacional en la formación de personal científico y profesoral de alto nivel, y la discusión sobre el modelo de postgrado y doctorado con el cual Panamá deberá producir investigadores y docentes universitarios en campos como la Educación, las Ciencias Naturales y Sociales y las tecnologías, a fin de que las tareas universitarias y públicas puedan ser atendidas con idoneidad y pertinencia, y en la cantidad que el crecimiento económico demanda.

Otro resultado que saldrá a flote, y que nos impactará como búmeran, es que deberíamos como sociedad tener una mayor claridad de qué debemos investigar y para quiénes se investigará desde nuestras universidades, una discusión que hemos postergado y que se afinca en la indefinición de la sociedad que queremos.

Hasta ahora, tales debates han tenido un carácter bastante restringido dentro de la propia comunidad científica y académica, pero como resultado de la evaluación el modelo de universidad y de sociedad deseables saldrá a un primer plano.

Por lo expuesto, lejos de ser un proceso para cerrar universidades o dejarlas naufragar a la deriva, la evaluación puede volver a nosotros como el primer diagnóstico profundo de la universidad panameña en el siglo XXI y una puesta al día del dimensionamiento de los recursos necesarios para que tengamos el sistema universitario que Panamá necesita.

Un diagnóstico y una hoja de ruta para que el Estado panameño cumpla su deber ineludible con este nivel de educación, haciendo de la educación el bien público social que nuestra sociedad exige y merece.

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Cortesía/Sinaproc

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