DERECHO

El acto ilícito internacional: Roy Luna

El título de este artículo ha sido y es materia de debate en la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, como una responsabilidad de los Estados que hayan cometido, directa o indirectamente, un acto de naturaleza ilícita. Nuestro análisis parte de la conducta del Estado que se presume ha cometido la falta, ya sea por acción u omisión a otro sujeto de derecho internacional y viole el ordenamiento jurídico establecido.

Autores como Diez de Velasco se refieren a los elementos básicos del acto ilícito per se, como el de carácter subjetivo, que consiste en la posibilidad de atribuir un comportamiento a un sujeto determinado, el Estado, y el otro elemento de carácter objetivo que consiste en el hecho de que mediante tal acto o comportamiento se viole una regla de derecho internacional.

El fin de este artículo es remarcar la figura del “daño” como objeto de reparación. Ya la Comisión de Derecho Internacional se refería a la producción del daño en ocasión de la violación de la norma internacional, y a la obligación de reparar no solo en sus diversas formas de desagravio, sino también en dinero o especie.

Siguiendo este mismo orden de ideas, son variadas las posturas de pensadores clásicos, en cuanto a la comisión del acto ilícito. Anzilotti dice que la relación tiene que darse bilateralmente entre el Estado autor del acto y el Estado sujeto de la lesión y con la debida reparación, como única salida posible.

El concepto de reparación del daño, desde la óptica de una reparación económica, tiene su origen en la acción penal propiamente, es decir, del ilícito causado, lo que además da derecho a una demanda de carácter civil por los daños y perjuicios que causó el Estado al que se le imputa el acto trasgresor, ya sea de un compromiso contractual o de la violación de una ley internacional per se.

La obligación de reparar, según el especialista en derecho internacional Jiménez de Arechaga, se divide en tres aspectos: satisfacción, restitución e indemnización. Las dos primeras son obligaciones no retributivas económicamente. La indemnización, según un fallo del Tribunal Penal de Justicia Internacional, se dará por daños sufridos y se compensará con el pago en efectivo. Otras formas de subsanar el daño son devolver al agraviado la propiedad confiscada, la abrogación de la ley o la anulación de un fallo que iba en contradicción con una obligación internacional.

También está la “satisfacción” como medio eficaz de compensar el daño, no necesariamente en forma monetaria, sino más bien para dignificarlo o como reparación moral al Estado afectado. Por eso es que la indemnización es requerida por los afectados en una controversia internacional, ya que es la forma más usual de reparación, por ser la pecunia una medida común de valor para compensar el daño causado. Jiménez Aréchaga abona al concepto del hecho ilícito, al expresar que la norma infringida se convierte en delito o, dicho de otra forma, en un acto ilícito cuando exista un nexo que demuestre que fue violada a través de una acción antijurídica, por lo que tiene que existir una acción vinculante como requisito, esto es, el daño sufrido por el Estado reclamante.

La responsabilidad internacional del Estado, en opinión del jurista panameño Julio Linares, es que debe ser una obligación inherente a las naciones reparar los daños causados, y va más allá porque extiende esa obligación a las personas y bienes del Estado agraviado. La jurisprudencia internacional señala que dicha responsabilidad tiene su asidero jurídico en dos elementos como causales determinantes: la imputabilidad y la ilicitud, tomando como punto de partida que exista, por un lado, dolo o culpa y, por el otro, la causal de violación de la norma jurídica internacional.

Son variados los elementos y causales expuestos en relación al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad de los Estados, estos van desde la presencia del acto o hecho ilícito hasta la comprobación de que existió el daño como causal de reparación. Lo cierto es que el derecho internacional público, como ciencia que regula los actos jurídicos entre Estados, se convierte en una norma imperativa desde el momento que los Estados parte son signatarios de un tratado internacional y, en la ausencia de éste se aplica, también, la “costumbre internacional” o los principios generales del derecho, que son normas imperativas de obligatorio cumplimiento.

Finalmente, un Estado soberano que ha ratificado un tratado internacional se compromete a cumplir con el contenido y objeto de este y a ceñirse al cumplimiento de su mandato. De incumplir, sería sujeto de sanciones que pueden ir desde la suspensión, hasta ser objeto de represalias o demandas por daños y perjuicios al Estado o a los Estados agraviados. Claro ejemplo del no cumplimiento de un compromiso internacional fue la salida del Gobierno panameño del Parlacen, mediante la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, ya que las normas que rigen en materia de tratados internacionales son normas imperativas de obligatorio cumplimiento, en otras palabras, son normas de ius cogens.

El Gobierno panameño, al hacer uso de su derecho soberano, no sopesó la magnitud de su acción, al infringir una norma internacional que debía acatar por ser miembro permanente de un Parlamento regional. Esa norma regía más allá de la decisión soberana de carácter unilateral, por lo que se violentó el imperativo del derecho internacional de pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse.

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