IMPLEMENTACIÓN

El sistema penal acusatorio, una experiencia exitosa: Juan Francisco Castillo

Tras tres meses de haberse implementado el sistema penal acusatorio, varios grupos de juristas se han sentido autorizados para emitir toda suerte de opiniones a favor y en contra del cambio estructural que se viene cumpliendo en el Segundo Distrito Judicial, conformado por Coclé y Veraguas.

Respetando estas opiniones, porque hay que reconocer que reflejan un interés legítimo por mejorar el sistema de justicia penal, quienes hemos participado de todo ese proceso de implementación les planteamos que la mejor manera de evaluar el proyecto es recordando las pretensiones del Pacto de Estado por la Justicia que, entre otras cosas, buscaba urgentes medidas de agilización de la justicia penal, incorporando mecanismos de apoyo a la transición hacia un sistema de corte acusatorio, restricciones para la aplicación de la detención preventiva, medidas para el incremento de la economía procesal, una organización judicial efectiva para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, y normas que ofrezcan mayor efectividad en la persecución de los delitos.

Luego de aprobado el nuevo Código de Procedimiento Penal, basado en los principios que rigen el sistema de corte acusatorio, caracterizado por ser garantista, y tras tres meses de iniciada la implementación, creemos haber superado las pruebas, expectativas y aprehensiones naturales que se tenían con el cambio de la justicia penal. Y eso lo afirmamos porque las lecturas estadísticas indican que, efectivamente, estamos logrando la anhelada agilización de la justicia penal.

Esto lo alcanzamos gracias al proceso de implementación del sistema penal acusatorio, pues se reduce el tiempo que permanecía una persona privada de libertad, sin ser presentada ante los jueces. Ahora, dentro del plazo constitucional, las personas son llevadas ante los jueces de garantía.

La sociedad se quejaba de los excesos en la aplicación de las medidas restrictivas de libertad y actualmente los jueces de garantía las aplican conforme a los textos constitucional, legales y a las convenciones de derechos humanos.

Igual, se hablaba de rezago judicial para referirse a la poca capacidad de respuesta de un sistema obsoleto de gestión que ahora suplantamos por un nuevo modelo que aprovecha al máximo las competencias y funciones del personal de la oficina judicial. Gastábamos una buena cantidad en papelería y tinta para impresoras en la edición de actas, diligencias y resoluciones y hoy día hacemos lo mismo, pero con mayor economía, utilizando un sistema informático que recoge todas las actuaciones digitalmente.

Otra queja era que las audiencias se suspendían por falta de notificaciones, porque las partes no comparecían y el justiciable no era llevado a tiempo a los tribunales. Cifras de las audiencias programadas durante septiembre, octubre y noviembre, en Penonomé y Santiago, indican que solo se aplazaron tres por duelo de uno de los miembros del Tribunal de Apelaciones, lo que significa que todos los operadores de justicia y auxiliares se esmeraron por cumplir puntualmente con las convocatorias hechas por la oficina judicial.

En conclusión, la implementación del sistema penal acusatorio en el Segundo Distrito Judicial, desde el 2 de septiembre, ha sido exitosa, gracias a la coordinación efectiva de todos los involucrados en el servicio de administración de justicia, con lo cual hemos podido agilizar el proceso penal, lo que era una de las metas del Pacto de Estado por la Justicia.

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