OMISIÓN VIOLATORIA

El deber de la administración de motivar la resolución administrativa: Víctor L. Benavides Pinilla

La motivación del acto administrativo es una garantía esencial del debido proceso que se encuentra prevista en los artículos 34, 155 y 200 de la Ley 38 de 2000, e inserta en el artículo 32 de la Constitución y en el artículo 8 del Pacto de San José.

En cumplimiento del debido proceso, la autoridad pública está en la obligación de motivar cada una de las resoluciones o actuaciones administrativas que emite.

Tal motivación supone que el acto debe contener un razonamiento o una explicación o una expresión racional del juicio de valor, la fijación de los hechos que originan la actuación pública y la descripción y explicación de las normas legales que apoyan la decisión.

Como reconocen las corrientes más actuales dentro del derecho administrativo, la “motivación ha de ser “suficientemente indicativa”, lo que significa que “su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera”.

En Panamá, este deber de la administración se desprende del artículo 34 de la precitada Ley 38 de 2000, la cual establece que todas las actuaciones administrativas de las diferentes entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso, lo que supone en acuerdo con la definición que hace el artículo 200 numeral 1 la Ley 38 de 2000, que para que la actuación administrativa sea justa y apegada debe estar debidamente motivada.

Por otro lado, el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, claramente señala que los actos que afecten derechos subjetivos deben ser motivados con sucinta referencia a los hechos y fundamento de derecho. Por tanto, a la vista de las normas aludidas, es fundamental que el acto cumpla con la obligación de motivación sobre todo cuando afecta derechos subjetivos.

Piénsese en qué situación queda el administrado cuando es notificado de un acto que lo destituye, que no explica las causas por las que la autoridad tomó esa decisión. En este supuesto el administrado queda en desconcierto y ve afectado su derecho a defensa al no poder controvertir las razones de la administración.

Es por esto que defiendo que esta garantía debe prevalecer en todo momento, incluso cuando se trata de ciertos actos discrecionales, en cuyo caso debe cumplirse con un mínimo en sus aspectos formales.

En esa línea se viene reconociendo en distintas leyes adoptadas en los últimos años en América Latina, es doctrina consolidada del Tribunal Supremo de España y de otros Tribunales Iberoamericanos y se ha establecido en la recién proclamada Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano.

En esta Carta se prevé que: “El principio de racionalidad se extiende a la motivación y argumentación que debe caracterizar todas actuaciones administrativas, especialmente en el marco de las potestades discrecionales”.

Podemos así distinguir que la administración está en la obligación de motivar los actos administrativos que emite, aun cuando estos obedezcan al ejercicio de una potestad discrecional. Soy de la opinión que dar celoso cumplimiento a esta obligación es garantía de que las actuaciones de la administración se ajustan a derecho, asegura la confianza de los ciudadanos frente a la administración y como nos dice el maestro García De Enterría, quien hace poco nos dejó, “constituye un mecanismo de control de las inmunidades del poder”.

Para concluir, soy del firme criterio de que todo acto administrativo o resolución dictada por un servidor público en Panamá y que no esté debidamente motivado, es ilegal porque tal omisión es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso.

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