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PERFIL DE IDONEIDAD

El nuevo administrador del Canal: Miguel A. Boloboski Ferreira

A escasos pocos meses por definir la persona en la que recaerá la sublime responsabilidad de “administrar” nuestro más importante patrimonio (9/12), y ante las muchas dudas, hipótesis, rumores y comentarios que causa el tema; es imperativo que la ciudadanía en general y la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en particular, nos preocupemos por precisar (con suficiente antelación) la mejor elección posible.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, artículo 319, y la Ley 19 del 11 de junio de 1997, artículo 18 (Ley ACP) la junta directiva (11 directores) es la encargada y responsable (única) de “nombrar y remover al administrador, al subadministrador y fiscalizador general”; además de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización del Canal, así como de supervisar su administración.

De igual manera el artículo 315 de la actual carta política establece textualmente que: “El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la Ley y su Administración”.

Tamaña responsabilidad no se puede delegar en cualquiera, y debiera ser preocupación de todos, nacionales y extranjeros (estos últimos son los mayores usuarios y, por ende, tienen un legítimo derecho e interés) que el nombramiento recaiga en una persona idónea para el cargo; que idealmente salga de la propia institución, procurando continuidad en el buen manejo acreditado y reconocido al presente administrador, su equipo de colaboradores y por sobre todo (digo yo) a la junta directiva que calladamente, sin trauma alguno ha sabido realizar sus funciones.

Más allá de lo anterior, que se sustenta en la normativa regulatoria aprobada en su momento mediante el consenso de todas las fuerzas políticas del país, y que debiera ser suficiente para garantizarnos un nombramiento de excelencia; existe un tercero en discordia (junta directiva de la ACP – gobierno nacional) que a mi juicio, además del natural e histórico interés, tiene un derecho evidente de intervención (acreditado por un tratado y sus enmiendas).

Nos referimos a Estados Unidos América y al controvertido tratado firmado con Panamá en el año 1977, como parte de las negociaciones que finalmente llevaron a lo que hoy día tenemos con respecto al Canal; vale decir el Tratado concerniente a la Neutralidad y Funcionamiento que garantiza el libre tránsito. Tras su firma se hicieron enmiendas posteriores aceptadas por Panamá. Se incorporaron las enmiendas De Concini y Church otorgando a Estados Unidos, amplísimos e ilimitados poderes que puede ejercer cuando el Canal fuere cerrado “o se interfiera con su funcionamiento”.

En fin, ante la realidad de lo pactado, soy de la opinión que cualquiera sea la persona designada por la junta directiva para asumir las funciones de administrador, tendrá que contar asimismo, con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Esta hipótesis, sin embargo, es de aquellas que por falta de pruebas, jamás se transforma en Ley.

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