CANAL DE PANAMÁ

¡Que alguien explique mejor!: Juan Manuel Castulovich

Los diarios y otros medios de comunicación locales e internacionales han venido dando cuenta, con diferentes matices, sobre las rondas de conversaciones entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal (ACP), para supuestamente superar la paralización de las obras de la ampliación de la vía interoceánica.

Desde que se destapó el ya prolongado conflicto provocado por el consorcio GUPC, con su amenaza, que ha cumplido, de suspender las obras, muchas aguas han corrido bajo el puente y, según quien la describa, sus colores y olores son muy diferentes, pero siguen siendo turbias.

En declaraciones recientes, Luis Del Rivero, el expresidente de Sacyr-Vallehermoso, (cabeza principal y visible del GUPC), afirmó que prácticamente desde el comienzo de los trabajos, cuando él comandaba la empresa española, el consorcio había advertido que el basalto encontrado y extraído en las excavaciones y que se utilizaría como base para las mezclas del concreto era inservible y que tuvo que ser echado a “los vertederos”, es decir, desechado. También dijo que sus “compañeros de empresa” se “habían dormido sobre los laureles”, al no exigir, desde entonces, un arreglo.

Los voceros de la ACP, que se recuerde, en sus primeras y siempre truncas explicaciones, no lo contaron de la misma manera. Para la ACP no ha existido problema con las mezclas del concreto y mucho menos ha aceptado, como en un momento también afirmó el GUPC, que hubiera existido, de su parte, mora para aprobar las muestras que este le sometió.

Cuando el GUPC adujo que por la mora, que imputaba a la ACP, los trabajos se retrasarían en no menos de seis meses, esta reaccionó diciendo que por cada día de atraso, serían sancionados con una multa de 300 mil dólares. Esa amenaza sirvió de poco. El GUPC, en lugar de intimidarse, respondió con un ultimátum: o se les pagan mil 650 millones de dólares adicionales, por sobrecostos, estimados por ellos, o paralizarían las obras.

El ultimátum fue rechazado por la ACP, sin embargo, el GUPC lo cumplió y la situación actual es que las obras están paralizadas del todo y que el GUPC pareciera haber revertido sus desventajas y encaminarse a salirse con la suya. Eso y no otra cosa cabe entender después de “las explicaciones” del administrador Quijano durante su comparecencia del pasado miércoles 12, ante la Asamblea Nacional.

En síntesis, la obra no será concluida antes de que termine el 2015, o sea, con más de un año de retraso y con todas las consecuencias económicas que ese conlleva, y si al GUPC se le extiende el plazo de entrega es obvio que la multa no se aplicaría. Al GUPC se le concederán plazos adicionales para que devuelva los casi $800 millones que se le adelantaron para que tuviera liquidez, a cuenta de trabajos por realizar. Además, según el administrador Quijano, la ACP aportará, sin que quede claro a cuenta de qué, otros $100 millones.

Y, finalmente, también dijo Quijano que el único punto de desacuerdo, para que se produzca un “completo entendimiento”, depende de que la aseguradora Zurich American, acepte aportar los $400 millones que tiene en depósito; pero no explicó cómo una fianza, supuestamente de cumplimiento, puede convertirse en dinero líquido y tampoco, cómo se utilizaría o quién lo recibiría y administraría.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente para aumentar las ya más que justificadas alarmas sobre el futuro de la obra, el administrador remató diciendo que aunque la ACP sigue considerando el plan B: asumir directamente los trabajos o buscar un contratista diferente, debe tenerse en cuenta que “llegar a un acuerdo” con el GUPC, seguiría siendo la alternativa menos costosa.

Si ustedes pueden ver en esos galimatías un horizonte claro, les envidio, pues somos ya muchos los que lo vislumbramos muy sombrío.

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