La comunidad panameña enfrentó, entre 1850 y 1855, la construcción del ferrocarril como un negocio que dividió la comunidad en dos bandos: nación o país de negocios. El incidente de la Tajada de Sandía, en 1856, nos sometió al designio de Washington. Bogotá aceptó que los panameños de a pie habían agredido a los aventureros en marcha hacia California. Destinó los ingresos del ferrocarril a pagar una indemnización al Gobierno estadounidense, sin importar los servicios públicos que debía brindar el Estado Federal de Panamá.
108 años después, estudiantes del Instituto Nacional, al izar una bandera, desencadenaron la furia de la policía de la Zona del Canal con el resultado de 21 muertos y 500 heridos. Por fortuna, Panamá se había desembarazado de Bogotá y el Gobierno Nacional rompe relaciones con el agresor que mantenía iguales privilegios que los concedidos por el Estado pequeño colombiano en 1846.
El 9 de enero de 1964 acumuló las victorias parciales del Panamá que rechazaba el negocio de la zona de tránsito. Esas victorias parciales, que se frustraron con el prolongado gobierno liberal de Porras y Chiari (Panamá existe por y para el Canal) y luego con los gobiernos patrocinados desde la Policía y Guardia Nacional, entre 1942 y 1962, habían sido logradas por los gobiernos de Acción Comunal de 1932 a 1941.
Panamá dejó de ser un negocio bajo las actitudes de los mártires de enero, hasta que se volvió a negociar la soberanía con los tratados canaleros de 1977, gracias a la demagogia nacionalista del militarismo tutelado de 1968 a diciembre de 1989.
El dilema de nación o país negocio se resuelve a favor del negocio con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y ha cobrado bríos inusitados con Ricardo Martinelli Berrocal. La privatización de los servicios públicos, las concesiones de los oleoductos y de los corredores con el PRD han sido conjugados con el proyecto en discusión de las Asociaciones Público Privadas. El único activo con capacidad de arrastrar créditos multimillonarios y enfrentar los pagos de la deuda soberana que vamos a heredar de Cambio Democrático, la Autoridad del Canal, será utilizada para el negocio de los mercados y no para el desarrollo de la comunidad nacional. Esto significa que CD podrá seguir aumentando la deuda “soberana” hasta que el Canal pueda ser transformado en un “bien de mercado” como fue en su momento el ferrocarril y el canal francés.
Las tareas propias de un Estado al servicio de su comunidad como es la participación ciudadana, que delibera y aprueba leyes y ejerce el control constitucional de sus gobernantes, no podrá lograrse porque el mismo Estado no ofrece servicios de educación ciudadana y profesional, no da ejemplo de moralidad pública y política, no ofrece servicios de calidad en transporte, agua, salud y comunicaciones, por el hecho de que los gobernantes y funcionarios públicos de primer nivel están dedicados al negocio y al lucro personal, familiar y gremial.
Lo significativo del estado actual de la sociedad panameña es su connotación cultural e histórica. No es producto solo de la mala fe ni de la intemperancia de particulares, es la mentalidad de los aspirantes al poder público para privatizar los resultados de su gestión gubernamental. Es la cultura de la corrupción de la función pública y del mercado que pone primeros ministros, porque el pueblo ha dejado de ser ciudadano para ser consumidor y asalariado. El panameño debe saber lo que es luchar desde el 28 de noviembre de 1821. Desde, entonces queremos que la comunidad sea de todos, no del mercado del dinero, que reniega de la democracia, por su esencia autocrática como se está dando en la vieja Europa
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